Del pacto del Majestic al del Palacio de Pedralbes, dos décadas de deslealtad

Los últimos gestos del Gobierno reabren el debate sobre la oportunidad y la utilidad de la política de cesiones y acercamientos practicados históricamente por los gobiernos de España, primero con el nacionalismo, y ahora directamente, con el secesionismo.

La fórmula de cesiones permanentes a cambio de estabilidad puntual no resuelve la falta de lealtad de los nacionalistas. Del pacto del Majestic (1996) al del Palacio de Pedralbes (2018) van más de dos décadas de deslealtad.

Nunca el nacionalismo obtuvo tanto

En contra de cierto sentir popular, el presidente del Gobierno que más concesiones concretas entregó y menos negativas dispuso al nacionalismo catalán fue José María Aznar (PP). Aznar gobernó entre 1996 y 2000 -su primera legislatura- tras sellar un acuerdo con CiU, PNV y Coalición Canaria. Fueron los nacionalistas de Jordi Pujol los que con sus 16 escaños (el PP obtuvo 156 asientos en el Congreso) se convirtieron en imprescindibles para que el PP llegase a La Moncloa por primera vez, tras 14 años de gobiernos de Felipe González (PSOE). Una cena en el hotel Majestic de Barcelona, el 28 de abril de 1996, selló el acuerdo. Nació entonces el conocido como pacto del Majestic. El Gobierno de España transfirió a la Generalitat de Cataluña, y al resto de CC.AA, el 33 por ciento de la recaudación del IRPF (González lo había fijado en el 15 por ciento), el 35 por ciento de la recaudación del IVA (que hasta entonces era exclusivo del Gobierno) y el 40 por ciento de los impuestos especiales.

Además, el pacto del Majestic supuso la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, competencias que asumieron desde entonces los Mossos d’Esquadra , y amplió la gestión autonómica -en detrimento de la central- en ámbitos tan variados como justicia, educación, agricultura, cultura, farmacias, sanidad, empleo, puertos, medio ambiente, mediación de seguros y vivienda. Aznar aceptó, también, suprimir el servicio militar obligatorio y los gobernadores civiles, todo a petición de Pujol, líder nacionalista -luego abocado a la causa secesionista- que se llevó, por si fuera poco, la prima del acceso a los nuevos canales de TDT antes que otras regiones de España.

Aunque no quedó por escrito, Aznar se cargó al líder del PP catalán Aleix Vidal-Quadras, que apuntaba un ascenso electoral en Cataluña en competencia con CiU. Y en 1998, ya desde el Gobierno de España, se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística del mismo Pujol, que discriminaba a los catalanes castellanoparlantes . Todo esto no sirvió para nada. CiU siguió reclamando más cuota de poder y, solo una década después, esta formación se convirtió en la punta de lanza del secesionismo.

Un Estatuto que nadie quería

Entrados ya en una subasta por el pastel del Estado y tras cuatro años de mayoría absoluta del PP. José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) creyó -por convicción propia o por influencia del PSC- que un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña calmaría los ánimos del nacionalismo. Nada más lejos de la realidad. Ni CiU -ya con Artur Mas-, ni ERC -que acabó votando en contra del Estatuto- defendían una reforma del texto estatutario, que, entonces, incluso Pujol no consideraba necesaria.

La reforma del Estatuto de 1979, en cuyo proyecto se implicó Pasqual Maragall (PSC), como presidente de la Generalitat, para presentar como obra de su mandato tras 23 años de gobiernos regionales de Pujol, erosionó al PSOE, consolidó la pugna entre las comunidades por más competencias -en lugar de objetivar la descentralización en función de la mejora de los servicios- y ratificó la deslealtad del incipiente independentismo popular catalán. La frase de Zapatero («Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán») implicaba, como parecía lógico, que dicha «reforma» se ajustara a la legalidad. Craso error.

El secesionismo aprovechó la ocasión y desbordó el marco constitucional en aspectos referidos a la Justicia y la Agencia Tributaria, así como otros concretos en relación a derechos básicos, como, por ejemplo, al libre uso de las lenguas oficiales en Cataluña.

La fallida operación diálogo

La relación entre Mariano Rajoy (PP), uno de los negociadores del pacto del Majestic, y la Generalitat gobernada por Mas estuvo marcada por la crisis económica y el desafío independentista. En su primer encuentro en La Moncloa (1 de febrero de 2012), Rajoy le confesó a Mas que vivía «en el lío» . En esa época, dos gobernantes acosados por la crisis se daban socorro mutuo: Mas apoyando la política económica de austeridad del Gobierno y su reforma laboral, contrapartida del apoyo del PP a CiU en el Parlamento catalán.

El viraje de Mas al independentismo se ha explicado de manera amplia, también el intento fallido del Gobierno, ya con la locomotora del procés a toda máquina, de intentar un último acercamiento. Es lo que se conoció como operación diálogo: liderada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y confiando en Oriol Junqueras (ERC) como interlocutor, en la Delegación del Gobierno se puso a un político de perfil no duro como Enric Millo, y hasta el presidente Rajoy organizó un gran acto con empresarios (28 marzo 2017) para explicar un macroplan de infraestructuras: 4.200 millones hasta 2020. La Generalitat, ya con Carles Puigdemont (CiU y PDECat) al frente, desdeñó la oferta del mismo modo que consideraba los más de 60.000 millones largos de créditos recibidos del FLA desde 2012 como un mero retorno.

Incluso en el momento de máxima tensión entre el Gobierno y la Generalitat, desde el Ejecutivo se lanzaba el mensaje de que estaban dispuestos a «hablar de todo», menos de lo relacionado con la secesión. La Moncloa evidenciaba su predisposición señalando que el documento con 46 propuestas que Puigdemont entregó a Rajoy como reivindicaciones políticas (que solo dos años antes eran 23 propuestas, entregadas a Rajoy por Mas) eran todas negociables menos una: la de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Repetir los errores de sus predecesores

Y en 2018 llegó Pedro Sánchez (PSOE). El cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona-El Prat, para reconocer la figura de Josep Tarradellas (ERC); una declaración que «rehabilita» a Lluís Companys (ERC), poniendo en valor su «trayectoria vital y política»; y una inversión de más de 112 millones para las carreteras de Cataluña son solo la avanzadilla de lo que Sánchez ofrecerá «a Cataluña». El presidente del Gobierno cree que si Cataluña tiene un nuevo Estatuto de Autonomía -que ahora solo una minoría reclama-, el independentismo calmará sus deseos de secesión.

Las líneas maestras de lo que saldrá de La Moncloa están fijadas en la Declaración de Barcelona (julio de 2017), firmadas por el PSC y el PSOE. A grandes rasgos: recuperar en el Estatuto lo que el Tribunal Constitucional declaró ilegal (en 2010) del texto reformado de 2006, mejorar el sistema de financiación de la Generalitat , recuperar el debate sobre las 46 reivindicaciones de Puigdemont, mayor inversión en infraestructuras, blindar los aspectos lingüísticos en catalán, hacer de Barcelona cocapital de España y una «reforma federal» de la Constitución. Todo indica, sin embargo, básandose en la historia reciente, que solo hay una demanda que sería aceptada por el independentismo: la ruptura de España.