El Gobierno tumba la millonaria ampliación de El Prat por el rechazo de la Generalitat

La ampliación de El Prat consistía en la construcción de una nueva terminal y la ampliación de la tercera pista de la infraestructura. Es esta ampliación la que ha desatado el enfrentamiento, ya que mientras AENA la veía imprescindible, la Generalitat recelaba de ella por su impacto medioambiental en una zona verde cercana. Según reconoció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez , el cambio de postura mostrado por el Ejecutivo de Pere Aragonès hacía inviable hoy una inversión de 1.700 millones que AENA y el Gobierno no puede «imponer» en contra del criterio de la Generalitat. Sánchez añadió que le habían sorprendido las declaraciones del propio Aragonès alejándose de un proyecto negociado y pactado por su propio vicepresidente, Jordi Puigneró, y que se dio a conocer tras la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat celebrada en verano en Madrid.

En los últimos días, y fruto de la presión hecha por la CUP, las entidades ecologistas y varios referentes soberanistas, ERC viró su posición, algo que, según dijo Sánchez, «quebró» la confianza necesaria entre gobiernos para acometer una obra tan importante como la reformulación de El Prat. Con todo, la ministra de Transportes negó que este capítulo de desconfianza vaya a trasladarse a la denominada ‘mesa de diálogo’ Gobierno-Generalitat , que se reunirá la próxima semana en Barcelona. A pesar del optimismo mostrado por la ministra, el plantón mostrado ayer enrarece mucho una cita de por sí ya marcada por la incertidumbre y las dudas expuestas por Junts.

Volviendo a la cuestión de El Prat, Sánchez expuso que el Gobierno siempre se mostró dispuesto a evitar y compensar el impacto ambiental que la Generalitat muestra como argumento para oponerse, ahora, a la ampliación. « AENA y el Gobierno explicaron de forma exhaustiva el proyecto y su impacto. Nuestra propuesta se basaba, y se basa, en dos aspectos. Convertir el aeropuerto en un ‘hub’ internacional y hacer un nuevo espacio protegido en el delta del río Llobregat», apuntó tras defender el gran retorno positivo que tenía la propuesta de ampliación del aeropuerto planteada desde su ministerio tanto para la economía catalana como para el empleo.

Con semblante serio, la titular de Transportes confesó que «como ministra y como catalana» sentía tristeza por haber dejado perder esta oportunidad de inversión. Así, reconoció que el cambio de criterio mostrado por el Gobierno catalán en las últimas semanas hace muy difícil que la obra pueda seguir formando parte del plan de inversiones e infraestructuras del Estado para el periodo 2022-2026. «El Gobierno quiere que Cataluña vuelva a ser un motor, pero no va a imponer» , añadió antes de anunciar su intención de pedir que se hagan públicas las actas de las reuniones técnicas en las que los representantes del Govern negociaron y avalaron la ampliación.

Finalmente, la ministra, que prometió que el asunto de El Prat no alteraría otras inversiones planeadas en los aeródromos Gerona y Reus, concluyó que, a día de hoy, la Generalitat no tiene una «postura fija» sobre una ampliación largamente reclamada por gran parte de los partidos y actores sociales y económicos de la comunidad. «Es imposible llevar a cabo un proyecto como este sin un apoyo sin fisuras de la Generalitat», zanjó una ministra que, además de catalana, fue hasta este verano alcaldesa de Gavà (Barcelona), una localidad situada a pocos minutos del aeropuerto.

Desde la Generalitat, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró , acusó al Gobierno de romper «unilateralmente» el acuerdo. En una comparecencia desde Bélgica, el también consejero de Territorio señaló que el bloqueo de la inversión es una «deslealtad» del Estado que rompe el pacto alcanzado en agosto . Asimismo, el dirigente, de Junts, apuntó que la ampliación ya contemplaba reducir su impacto ambiental, aunque dentro del Govern no todos veían este punto de igual forma. Antes de acabar, no obstante, Puigneró disparó contra ERC, a quienes acusó veladamente de «frivolidad y populismo» al criticar la ampliación e incluso confirmar si asistencia en manifestaciones en su contra. Poco después el propio Aragonès salió al paso de la cuestión en Twitter, donde acusó al Gobierno y a AENA de hacer una «operación de chantaje» . «No podemos seguir aceptando este modelo de imposición permanente», zanjó.

El proyecto de El Prat había sido concebido como un plan clave para evitar la congestión del aeropuerto catalán, el segundo de España en tráfico. Por ello, la ampliación contemplaba una inversión cuantiosa y la creación de 83.000 empleos directos . La idea de AENA era aumentar la capacidad de vuelos de la infraestructura, que había llegado prácticamente a su tope antes de que estallase la pandemia de coronavirus. Así, la empresa contaba con una previsión que colocaba el aumento de capacidad del aeródromo en quince millones de viajeros más, desde los 55 hasta los 70 millones anuales . A diferencia de Barajas, que todavía tenía margen para alcanzar su entrada máxima de 70 millones antes del Covid, la necesidad de El Prat de ampliar una de sus pistas para aumentar su operativa se percibía urgente. Sin ir más lejos, en 2019 ya transportó más de 52 millones de pasajeros.

Ante las dudas de la Generalitat, el tejido empresarial se movilizó en verano para exigir la pronta realización de un proyecto que prometía potenciar las rutas internacionales del aeródromo para situar a El Prat a la altura de los grandes centros de conexiones europeos. Desde ayer, la cosa queda en el aire.