La explotación de la mina Muga, en la zona limítrofe entre Navarra y Aragón, y la trama de los 'Alfonsos', bajo la lupa de la UCO

No se tardó en el PSOE aragonés en deshacer la madeja. En esas trece veces se apunta a que en la trama navarra armada por Cerdán hay una obra clave sobre la que ponen la lupa los uniformados: la explotación de un yacimiento en una zona limítrofe entre comunidades, a 70 km de Pamplona, entre las localidades de Sangüesa, Javier (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón). La mina Muga es un proyecto para la extracción de potasa, un mineral utilizado en la fabricación de fertilizantes. El proyecto está promovido por la empresa Geoalcali, filial de Highfield Resources. La explotación de esa mina podría derivar en una mordida más de Cerdán, con la connivencia o complicidad de alguien en el PSOE que se llame Alfonso. Gómez Gámez fue director general de Minas en el primer Gobierno de Javier Lambán, en 2015, y Martínez es ingeniero de minas.

«En Aragón han pagado dinero, y yo me entero de cuánto… (ininteligible, se escucha una campana de fondo) y cuando me entere te diré… (ininteligible, se escucha una campana de fondo)… un tal Alfonso». Mismo nombre en boca del asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de las obras (esta vez en la página 352 del informe de la UCO). La investigación detecta también posibles irregularidades en otra obra en Teruel. De hecho, ayer mismo la portavoz del Gobierno y ministra de Educación negó conocer al empresario de la constructora LIC, José Ruz, cuya compañía figura en el informe de la UCO como beneficiaria de una presunta adjudicación ilegal de un contrato de conservación y mantenimiento de carreteras en Teruel.

Como denunció esta semana Javier Lambán en ABC, la caída de Santos Cerdán a los infiernos tiene una lectura particular en Aragón. Él fue quien impuso, cayese quien cayese, a Pilar Alegría al frente de la federación socialista. De hecho, fuentes consultadas dicen que –al margen María Jesús Montero– las dos mujeres a las que mejor ha tratado el navarro dentro del partido son María Chivite y Alegría, presidenta navarra y aspirante a serlo en Aragón. Y son justo ellas en la decadencia de Cerdán las que deben explicar la gestión y consecución de algunas obras públicas en estas regiones a la sombra del todopoderoso exsecretario de Organización.

Chivite anunció que depurará responsabilidades, incluidas las de su número dos, y Alegría parece querer seguir sus pasos. Ayer adelantó en un acto de UGT en Zaragoza la «renuncia voluntaria» de Gómez y luego presidió una reunión en el cuartel de los socialistas en la urbe.

A renglón seguido, el ya exportavoz del Consistorio defendió que las acusaciones se basan «solo en su nombre, no se sustentan en ningún hecho probado ilícito o punible». Cargó contra la alcaldesa Natalia Chueca (PP), que ha pedido «no manchar» la institución y ha convocado un Pleno Extraordinario sobre el asunto el próximo martes 24.

«No es mi voluntad ser utilizado como herramienta contra el Gobierno progresista de España», cita Gómez, y enfatiza que hay una «feroz campaña» contra Pedro Sánchez que «está alcanzando unos límites inaceptables y desproporcionados».

Acaba: «Mi solicitud de cese hasta la resolución del expediente abierto por el PSOE federal responde a mis convicciones políticas y morales que he demostrado durante más de 20 años como servidor público».