La UCO concluye que un exportavoz del PSOE en Valencia cobró comisiones del caso Azud

El documento, fechado el 5 de junio y al que ha tenido acceso ABC, recoge toda la investigación realizada por los agentes y confirma los indicios que pusieron sobre la mesa desde que se iniciaron las pesquisas: para poder llevarla a cabo se habrían pagado más de 1,9 millones de euros en mordidas a una serie de personas, bien por las gestiones que realizaron o a cambio de su silencio.

En este último grupo estaría el exportavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia Rafael Rubio, que además ejercía como subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez cuando fue detenido en 2021 en el marco de este caso.

Los hechos se remontan a 2005. El promotor inmobiliario Jaime Febrer, supuesto líder de la trama, quería conseguir varias parcelas de uso residencial, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, a cambio de asumir una deuda de 31 millones de euros que había contraído la corporación entonces liderada por la 'popular' Rita Barberá.

Los tribunales habían condenado al consistorio a indemnizar a varios colegios religiosos que habían salido perjudicados de una reforma de la normativa. Para asumir esa deuda -que llegó a los 38,5 millones con los intereses, superior al valor que se dio a los terrenos- Febrer creó la empresa Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI).

Sin embargo, la investigación ha revelado que las parcelas se tasaron por debajo de su valor, lo que pudo originar un perjuicio a las arcas públicas. Junto al promotor, al frente de esta operación habría estado el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP), también investigado.

Rafael Rubio, en la oposición, había pedido ante los medios a la entonces alcaldesa que investigara a su núcleo más cercano, tras tener conocimiento de que una de les mercantiles de Febrer había obtenido grandes beneficios de una operación tras recibir un trato de favor por parte del consistorio, al obtener información privilegiada.

En septiembre de 2005, José Luis Vera sentó en la misma mesa a Febrer, Rubio y Pepe Cataluña, histórico responsable de finanzas del PSPV. El objetivo habría sido eliminar cualquier escollo que pudiera obstaculizar la operación. Vera, abogado vinculado a los socialistas valencianos durante muchos años, habría ejercido como intermediario y habría recibido por ello una compensación de 150.000 euros, según la UCO.

De las anotaciones de Febrer se extrae que Rafael Rubio -que estuvo dos meses en prisión provisional- «habría sido destinatario de una comisión por un importe que oscilaría entre 300.000 y 750.000 euros». «Además y en lo que respecta a la forma de pago, todos los elementos recopilados apuntaban a que la misma sería entregada en efectivo», indica el informr.

Se refiere también a una serie de operaciones en la que se «deducía el manejo por su parte de dinero en efectivo de origen desconocido y, también, su integración en el circuito financiero a través de operativas que pretendían encubrir su origen»: alquiló con su mujer una caja de seguridad en un banco de la ciudad y realizó un gran número de ingresos -por debajo de los 3.000 euros- en sus cuentas bancarias entre 2007 y 2010. Algunas de ellas se realizaban durante la misma jornada o en días consecutivos.