El año del mayor ataque a la independencia judicial de la democracia

Jamás en la historia de la democracia la independencia judicial se había visto tan amenazada como ahora. Jamás los jueces habían sido objeto de semejantes ataques ni nadie hasta este momento había cuestionado la función jurisdiccional ni pretendido escrutarla en comisiones de investigación creadas 'ad hoc'.

En el mundo jurídico y judicial no tienen duda alguna de que el año que ahora acaba marcará un antes y un después en el Estado de derecho español. Sea cual sea el destino de la ley de amnistía y de las comisiones que dan pábulo a la guerra judicial contra el independentismo –'lawfare' cuya existencia reconoce el PSOE en el acuerdo con Junts–, el amago de control del tercer poder del Estado ha hecho saltar ya todas las alarmas en Europa y ha provocado la reacción unánime e insólita de un colectivo que no está acostumbrado al campo de batalla político, pero que es consciente de que si no sale a jugar, se perderá todo lo ganado en democracia. Lo dicen y aconsejan los jueces de Polonia, que han pasado ya por esta situación y alientan a la judicatura española a que, aunque su exposición pública les incomode, es necesario que expliquen lo que está pasando.

«Solo desde Europa se van a poder poner los topes a la desestabilización del Estado de derecho (...). Como jueces españoles, somos jueces europeos, y tenemos conciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, debe respetar los tratados de la UE», denunciaba hace unas semanas en la sede el Parlamento Europeo la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco. Hasta allí han llevado jueces y fiscales españoles los «cada vez más graves y peligrosos ataques» al Poder Judicial con la finalidad, dicen, de negar la legitimidad de su función y deslegitimar el cumplimiento de las sentencias.

Preocupan especialmente las comisiones 'lawfare' que figuran en el acuerdo de investidura con los independentistas y cuyo rechazo ha logrado poner de acuerdo a todos los colectivos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia, entre ellos lógicamente las asociaciones de jueces y fiscales, que en comunicados conjuntos han defendido la actuación de todos cuantos participaron en causas relacionadas con el 'procés' y la negativa a comparecer ante esas comisiones si fueran llamados a hacerlo. Esta misma semana, en un acuerdo unánime, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha instado a Congreso y Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados. Si a pesar de ello fuesen citados, advierte el órgano, la Comisión Permanente denegará la autorización para que comparezcan.

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Un mes antes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se rebelaba ante la «fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado» y recordaba que el Estado de derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes». De igual forma, para las cuatro asociaciones de jueces –que no se prodigan en comunicados conjuntos–, las referencias al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias (...), en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, son inaceptables». Y por eso la judicatura proclama su independencia y defiende su actuación sin sujeción alguna a presiones políticas y a un sistema de garantías jurisdiccionales que desde luego no pasa por su control por parte del Congreso. «Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución», recuerdan.

De forma mayoritaria, el mundo de la Justicia culpa al Gobierno de lo que está sucediendo. Primero, porque el partido que lo sustenta reconoce en ese acuerdo con Junts la existencia de 'lawfare', pero también porque sus ministros no han defendido con la suficiente contundencia a los jueces de los ataques procedentes en muchas ocasiones desde sus propias filas. Ya el pasado marzo la Comisión Europea pidió al CGPJ información sobre «ataques a miembros de la judicatura», especialmente a raíz de la aplicación de la ley del «solo sí es sí», la ley Montero, que pese a la rectificación del Gobierno se ha traducido hasta el pasado 24 de noviembre en 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones. E incluso meses antes, el año anterior, el Supremo había sido objeto de señalamiento no sólo por dirigentes de la formación morada en relación a condenas como la de Alberto Rodríguez o la de los líderes del 'procés' sino por el propio presidente del Gobierno cuando, en intervenciones como la que hizo en Bruselas para justificar los indultos, dijo que la «venganza no es un valor constitucional», en referencia a la sentencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Hay unanimidad en que los ataques de la portavoz de Junts Miriam Nogueras contra magistrados concretos del Alto Tribunal, en este contexto de denuncia de persecución contra el independentismo, han dado la estocada a esta ofensiva contra la Justicia. Pero también en que ha habido otras actuaciones que, pese a no ser tan evidentes, no por ello dejan de resultar amenazas. Aquí se encuadran la reforma de ley que regula el Consejo General del Poder Judicial prohibiéndole hacer nombramientos mientras siga en funciones –que ha tenido un impacto directo en las vacantes de la cúpula judicial– o las enmiendas 'trampa' con las que el Gobierno intentó, el pasado diciembre, acelerar los tiempos para lograr una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Las enmiendas fueron suspendidas por el órgano que dirigía entonces Pedro González Trevijano, pero el acuerdo en el CGPJ posibilitó que en enero de este año se invirtieran las mayorías en el tribunal y la presidencia recayera en Cándido Conde-Pumpido, a quien se atribuye un papel clave en la ley de amnistía que en unos meses, tan pronto como sea aprobada, estará sobre la mesa del Tribunal en forma de recurso o cuestión de inconstitucionalidad.

Es precisamente esa ley de amnistía, clave en el acuerdo de investidura con Junts, la que ha abierto otra grieta con el Poder Judicial por cuanto se interpreta como un atentado a la separación de poderes que consagra la Carta Magna. Ya en septiembre, dos meses antes de conocer la literalidad de la proposición de ley, juristas y eméritos del propio TC denunciaban en estas páginas la inconstitucionalidad de la medida: «borrar el 'procés' es un golpe a la democracia», por cuanto supone reconocer que las conductas que castigaron en Cataluña en el marco del 'procés' nunca debieron ser castigadas y que los jueces que lo hicieron prevaricaron. De igual forma, la mayoría del CGPJ, jueces y fiscales la vieron «inasumible e inaceptable en una democracia plena».

Y así la consideraban también hace unos meses el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros, hasta que empezó a depender de ella la permanencia de Sánchez en la Moncloa. A partir de entonces esta amnistía es ya un «canto a la Constitución», en palabras de un ministro, Félix Bolaños, que, también por primera vez en democracia, encarna en un sola cartera –Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes– los tres poderes del Estado. Toda una declaración de intenciones.

La merma de la independencia judicial que ha puesto en jaque la separación de poderes ha llegado en 2023 a otras instituciones del Estado, que de alguna u otra forma se han visto afectadas por el control del Ejecutivo.

El comienzo del nuevo año vino marcado por el estreno de un nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista que ha avalado sistemáticamente la política legislativa de Sánchez con votaciones 7 a 4. Así ha respaldado todos los decretos leyes que han pasado por el Pleno y de cuyo abuso había alertado el anterior tribunal, al anular nombramientos como el de Rosa María Mateo al frente de RTVE o la entrada de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la Comisión del CNI. Y también ha declarado constitucionales leyes que, aun con informes desfavorables de órganos consultivos, fueron aprobadas por el Parlamento. Su aval a la ley del aborto de Zapatero, a la de educación de Celáa, a la eutanasia, a la reforma del CGPJ o a las fórmulas de juramento extravagantes son algunos de los hitos de este TC presidido por Pumpido. La minoría avisa en cada voto particular de que se está reformando la Constitución por la puerta de atrás.

El Tribunal Supremo ha afrontado el año con una plantilla mermada por las consecuencias de la reforma que prohibió al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones. Una de cada tres plazas del Tribunal permanece vacante y se están dictando 1.200 sentencias menos. Si la protagonista en el último lustro, desde el punto de vista informativo, había sido la Sala Penal –con el 'procés' y sus derivadas–, 2023 ha sido el año de la Sala Tercera, encargada de visar los actos del Ejecutivo, que no ha salido muy bien parado. Esa Sala de lo Contencioso-Administrativo ha llamado la atención a Grande-Marlaska por relegar al coronel Diego Pérez de los Cobos, ha tumbado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no ser jurista de reconocido prestigio, y ha anulado también el ascenso de la fiscal Dolores Delgado a la jefatura de la Sala Militar del Supremo.

La exministra Pilar Llop se ha enfrentado este año a la mayor ola reivindicativa del ámbito judicial por el incumplimiento de compromisos adquiridos con distintos colectivos, entre ellos los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que lograron paralizar los juzgados en el primer trimestre de 2023 con una huelga que se tradujo en la suspensión de 356.000 juicios y vistas, 424.000 demandas y el bloqueo de 1.280 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados. Tras conseguir un incremento de 420 euros por nómina, funcionarios, jueces y fiscales siguieron sus pasos, los primeros con menor fortuna que los otros, pues a día de hoy siguen negociando, ahora con un ministerio en manos de Félix Bolaños. Al nuevo titular de Justicia, que concentra también las carteras de Presidencia y Relaciones con las Cortes, se le ha encomendado la renovación del CGPJ y llevar a buen puerto la ley de amnistía.

Su estrecha relación con la exministra y ex fiscal general Dolores Delgado –que se tradujo en un ascenso de ésta que el Supremo ha tumbado recientemente por «desviación de poder»–, y su silencio durante más de un mes sobre las acusaciones de 'lawfare' en el acuerdo PSOE-Junts, han convertido a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general de la democracia que el CGPJ considera no idóneo para el cargo. También la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha pedido su dimisión públicamente «por su pasividad en la defensa del Estado de derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia judicial».

Como sucedió con la ley del «solo sí es sí», García Ortiz tiene en sus manos la aplicación de la ley de amnistía, sobre la que no quiere opinar hasta que se publique en el BOE, pero ya ha reclamado a la Fiscalía catalana todas las causas que se pueden beneficiar de ella.