Jueces polacos animan a sus colegas españoles a «no cerrar la boca» ante abusos e injerencias en la independencia judicial

Durante su intervención en unas jornadas celebradas por la asociación Foro Judicial Independiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid, Lukasz Mrozek y Karolina Rokita, ambos miembros de la asociación judicial Iustitia, animaron a los jueces españoles a «no cerrar la boca» ante los abusos e injerencias en el Poder Judicial por parte del Gobierno.

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Conscientes –porque en su país también sucedió– de que Ejecutivo y Legislativo se aprovechan de la prudencia de los jueces para que cale su mensaje político ante el silencio de estos, invitaron a la carrera judicial a que se rebele antes de que sea demasiado tarde. «Los jueces tenéis la intuición de lo que va a suceder en España. Nadie va a explicar mejor que vosotros lo que está pasando. Y aquí hay que distinguir entre la manipulación de los políticos cuando acusan al juez de politización de la importancia que tiene educar a la sociedad», señaló Mrozek. Porque «lo que pasa en una casa puede pasar en la otra», recalcó Rokita.

Para ello ambos relataron las similitudes de lo sucedido en Polonia con lo que de un tiempo a esta parte acontece en España. Allí saltaron las alarmas en 2015 con la primera ley que actuó con la Fiscalía. «Se cambió toda la estructura» del Ministerio Público «y se promovió a los fiscales que trabajan junto con el Gobierno mientras se bajaba de nivel a los que venían trabajando en casos que afectaban» al propio Ejecutivo. «Si los casos empezaban o terminaban era ya una decisión política».

Un año después, en 2016, se siguió con el Tribunal Constitucional: allí el TC tiene 15 miembros elegibles de cinco en cinco. En la renovación de cinco de ellos, y cuando solo habían tomado posesión dos, el Gobierno apartó a los otros tres candidatos «para poner a tres suyos». Y en 2017 tres proyectos de ley, en una tramitación exprés, modificaron Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial y «tribunales generales». Aquí empezaron las protestas serias.

En el Supremo se rebajó la edad de jubilación de los magistrados, con la excepción de aquellos que el Gobierno quería que siguieran. En paralelo se modificó el Consejo Judicial (nuestro CGPJ): 15 de los 25 miembros que hasta ese momento eran elegidos por la carrera pasaron a ser elegidos por el Parlamento. Y en el Supremo se crearon dos salas: una disciplinaria y otra de revisión extraordinaria de asuntos públicos. La primera, formada por jueces elegidos por ese nuevo Consejo Judicial, se dedicó a sancionar a los jueces cuyas resoluciones judiciales eran incómodas. A modo de ejemplo, el magistrado Igor Tuleya, quien presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE, fue suspendido de empleo dos años y vio reducido su sueldo en un 40 por ciento.

En octubre de 2021 Polonia fue multada con un millón de euros diarios por no cumplir con una sentencia del tribunal europeo que le obligaba a suspender el mecanismo disciplinario. El presidente del país, Andrzej Duda, ultraconservador y antieuropeista, finalizará su segundo mandato en 2025. De 2016 hasta ahora, el Parlamento Europeo ha celebrado 13 debates y 9 resoluciones relativas a la ofensiva judicial en Polonia. En España todavía vamos por el primero.