Los jueces llevan a Europa el «inaceptable» escrutinio de PSOE y Junts a sus sentencias en sede parlamentaria

Pero además, de forma adicional, el CGPJ ha enviado sus declaraciones institucionales de ayer y del pasado lunes (ésta, sobre la amnistía) a la Red Europea de Consejos de Justicia. En la misiva, el órgano de gobierno de los jueces relata los «graves episodios» de ataque al Estado de Derecho que se están viviendo en España, entre los que cita el pacto de Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia al que se garantiza impunidad «con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno». «El pacto -dice- incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes».

En opinión del Consejo General del Poder Judicial de España, añade, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, «suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes«.

El Consejo pide a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, que traslade a los demás miembros y observadores de la red el texto de los dos acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial «en esta semana trágica» para que los difundan en sus propios poderes judiciales.

El primer acuerdo es del pasado lunes, aprobado con los votos de 9 de los 15 vocales presentes. En él, el CGPJ expresaba su «intensa preocupación y desolación por lo que la amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España«. El de este jueves, suscrito por 13 de los 16 vocales, se denunciaba la «inadmisible injerencia» en la independencia judicial que supone la creación de comisiones de «Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes», dice el órgano de gobierno de los jueces.