El presidente del CGPJ tras los ataques políticos a los jueces: «Déjennos en paz»

Pero, en paralelo a esos ataques que ya llevan tiempo produciéndose, hay otra derivada que está causando un malestar aún mayor en la carrera, que es la tibieza -cuando no el silencio- del Ejecutivo a la hora de defender la actuación de los jueces en los procedimientos vinculados al independentismo y la separación de poderes como uno de los principios básicos del Estado de derecho.

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Nati Villanueva

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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se hizo ayer eco de esa desazón y advirtió del «efecto devastador» que tienen los «frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial», protagonizados en ocasiones por «representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba». Aseguró que «ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios».

«Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz», dijo Guilarte durante su intervención en el acto de entrega de los XVIII Premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en el que alertó de que episodios como el protagonizado por Nogueras «minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».

Sobre las comisiones 'lawfare' que contempla el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Junts -y cuyas conclusiones Bolaños comentó que se llevarán a la Fiscalía- el presidente del Consejo adelantó la que con toda probabilidad será la opinión que salga de este órgano en el pleno del próximo día 21: que «ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional».

Iniciar esta vía, advirtió Guilarte, implicaría «un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación y, sin duda, perturbaría la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean». Como expresó en una entrevista en ABC el pasado 12 de noviembre, Guilarte hizo un llamamiento al Poder Judicial para que asuma también su «neutralidad», «a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo».

«Mi llamamiento, una vez más, lo es a diluir la tensión, a aislarnos de la confrontación política y clamar por una adecuada renovación del CGPJ que, es oportuno enfatizarlo, propicie el futuro devenir independiente del próximo Consejo, de forma que pueda destinar íntegramente sus afanes a los fines que le son propios, entre ellos a luchar contra la violencia de género», subrayó ayer.

Fuentes del Tribunal Supremo no ocultan su deseo de que, al margen de la crítica puntual y tardía a las palabras de Nogueras -Bolaños y Robles las calificaban el jueves de «intolerables»-, desde el Ejecutivo se diga públicamente que los jueces a los que Junts acusa de 'lawfare', término que admite el propio PSOE en el acuerdo de investidura firmado con los independentistas, actuaron y actúan conforme a la ley, algo que hasta ahora no se ha dicho.

Ya el miércoles, con motivo de la suspensión de la reunión prevista entre el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, con el ministro Bolaños, tras las palabras de Nogueras, en el Supremo era visible el malestar de los magistrados con la pasividad del Ejecutivo ante la intervención de la diputada independentista. Bolaños intentó reconducir las relaciones con el Poder Judicial llamando por teléfono a Marín Castán y a alguno de los magistrados aludidos, pero lo cierto es que en ningún momento ha avalado públicamente la actuación judicial en las causas del 'procés', un silencio que al tratarse de una acusación de prevaricación, que es en el fondo lo que se les imputa, es especialmente grave, comentan las citadas fuentes.

Aunque el encuentro entre el presidente del Supremo y Bolaños se pospuso al próximo martes, ayer trascendió que quizá no pueda celebrarse finalmente por «problemas de agenda» del ministro. En estos momentos, la reunión está en el aire.

El malestar de la carrera judicial se extiende también a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien si bien durante el debate de investidura de Pedro Sánchez hizo todo lo posible por que se suprimiera del diario de sesiones la expresión «golpe de Estado» utilizada por el diputado de Vox Santiago Abascal, en el caso de Nogueras ni se inmutó pese a que su intervención supuso un ataque a los jueces «sin precedentes» en la Cámara Baja, como recordó el propio presidente del Supremo en su comunicado del pasado miércoles.

Fuentes del Tribunal Supremo no ocultan su deseo de que, al margen de la crítica puntual y tardía a las palabras de Nogueras -Bolaños y Robles las calificaban el jueves de «intolerables»-, desde el Ejecutivo se diga públicamente que los jueces a los que Junts acusa de 'lawfare', término que admite el propio PSOE en el acuerdo de investidura firmado con los independentistas, actuaron y actúan conforme a la ley, algo que hasta ahora no se ha dicho.

Ya el miércoles, con motivo de la suspensión de la reunión prevista entre el presidente del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, con el ministro Bolaños, tras las palabras de Nogueras, en el Supremo era visible el malestar de los magistrados con la pasividad del Ejecutivo ante la intervención de la diputada independentista. Bolaños intentó reconducir las relaciones con el Poder Judicial llamando por teléfono a Marín Castán y a alguno de los magistrados aludidos, pero lo cierto es que en ningún momento ha avalado públicamente la actuación judicial en las causas del 'procés', un silencio que al tratarse de una acusación de prevaricación, que es en el fondo lo que se les imputa, es especialmente grave, comentan las citadas fuentes.

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