Seis meses de Pumpido, un Constitucional complaciente con la política legislativa de Sánchez

Los dos objetivos del presidente nada más tomar posesión, que eran pisar el acelerador para poner el Tribunal al día y evitar la imagen de confrontación, se han superado con creces. El primero lo avalan los datos; el segundo, el hecho de que «no puede haber enfrentamiento donde opera sistemáticamente un rodillo», ironizan en el sector conservador.

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Nati Villanueva

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Ahora es difícil que se exterioricen momentos de tensión y desacuerdo como los que se vivieron en el tribunal el pasado diciembre, cuando dos semanas antes de la renovación la mayoría (entonces conservadora) decidió suspender las enmiendas con las que el Gobierno intentó renovar el TC por la puerta de atrás. O cuando meses antes tumbó el estado de alarma de Sánchez creando una fractura sin precedentes en el órgano.

Como era previsible, esa mayoría progresista que el Gobierno anhelaba conseguir cuanto antes está siendo complaciente con la política legislativa del Ejecutivo, hasta el punto de que no ha habido ni una sola sentencia en la que este bloque haya cuestionado alguno de los decretos leyes que han pasado por el Pleno y de cuyo abuso alertó el anterior TC cuando anuló el nombramiento de Rosa María Mateo al frente de RTVE o la entrada de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la Comisión del CNI.

Tampoco ha cuestionado esa mayoría progresista ninguna de las leyes que han salido de ese Ejecutivo y que, aun con informes desfavorables de órganos consultivos, fueron aprobadas por el Parlamento y ahora declaradas plenamente constitucionales. La ley del aborto de Zapatero y las de educación y eutanasia han sido los primeros asuntos resueltos por el nuevo TC. El primero,por ser el más antiguo del tribunal (la del aborto llevaba trece años durmiendo en un cajón); los otros, por su innegable «trascendencia social y política».

Pero antes de entrar de lleno en materia, el TC tuvo que afrontar la oleada de previsibles recusaciones a miembros del que quizá ha sido hasta ahora el tribunal más político que ha habido. Nunca un exfiscal general y dos miembros del Gobierno (el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, colaboradora del ministro de Presidencia Félix Bolaños) se habían sentado en el órgano de garantías, por lo que es lógico pensar que su imparcialidad a la hora de abordar asuntos que afectan al Ejecutivo de Sánchez estaba comprometida.

Aun así, y salvo la casi veintena de abstenciones que ha presentado Campo por su condición de exministro, en algunos casos, o de pareja de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en otros; o algunas puntuales de Laura Díez y de algún otro magistrado, la tónica del tribunal ha sido rechazar todas las recusaciones. Algunas, en bloque, habrían dejado al tribunal sin 'quórum'. Fue el caso de la citada ley de plazos de Zapatero. Aceptar la abstención de un magistrado (en este caso Concepción Espejel) habría supuesto un efecto dominó en otros cuatro (contaminados por participar en la tramitación de aquella ley), así que se tiró por la calle del medio y se decidió rechazar todas por extemporáneas.

Esta ha sido hasta ahora una de las cuestiones más polémicas del tribunal: nunca se había obligado a participar en un debate a un miembro del Tribunal que admite su falta de imparcialidad. Tanto Espejel como Inmaculada Montalbán se habían posicionado respecto al anteproyecto del aborto siendo vocales del Consejo; Conde-Pumpido lo hizo como fiscal general y Juan Carlos Campo era secretario de Estado de Justicia cuando la norma pasó por el Consejo de Ministros.

El tribunal ha dado respaldo al decreto ley que permitió paralizar desahucios de los okupas, al del impuesto de plusvalía, a la prohibición de manifestaciones en pandemia sin ponderación de derechos, fórmulas de juramento… Los recursos presentados por la oposición han sido sistemáticamente desestimados, generalmente con el voto en contra de los cuatro magistrados de la minoría conservadora, pero no en todos los casos. Sí fue así con el aval al aborto, la ley Celaá o la fórmula de juramentos; la eutanasia, por contra, contó solo con dos votos particulares.

Lo que ha resultado inamovible es el voto en el bloque progresista, aunque ha habido alguna excepción, como la que se produjo este jueves cuando confluyeron ambos bloques para anular una norma que priorizaba el euskera sobre el castellano en los ayuntamientos vascos. En este caso fueron dos magistrados progresistas los que suscribieron un voto particular. Pero en líneas generales este grupo «funciona como un bloque disciplinado», señalan fuentes de la minoría.

Una de las cuestiones que más preocupa en el funcionamiento del TC durante este tiempo -y que se percibe con la misma inquietud tanto dentro del tribunal como fuera (en el mundo jurídico y académico)- es la extralimitación que supone «la consolidación de nuevos derechos por la puerta de atrás».

La sentencia de la eutanasia avivó las sospechas en este sentido al hablar de un derecho a la autodeterminación de la propia muerte. Semanas después, la del aborto las confirmaba al reconocer un derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo anclado en dos derechos fundamentales: su integridad física y moral y su dignidad.

«Es obligación de los poderes públicos y del legislador garantizar su efectividad», diría la mayoría blindando la reciente ley del aborto que salió del Ministerio de Igualdad y que ya está recurrida. Jurisdicción ordinaria En un voto particular, los magistrados Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez recordaban que «la Constitución no es una hoja en blanco que pueda reescribir el legislador a su capricho, así como tampoco es una hoja en blanco que pueda reescribir, sin límites, su supremo intérprete (el Tribunal Constitucional)».

El segundo motivo de preocupación radica en la revisión de asuntos de legalidad ordinaria, una cuestión que también ha desencadenado en un voto particular. Fue con motivo de la admisión a trámite de los recursos de los condenados del caso ERE, entre ellos los de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. En esta ocasión no fue el Pleno, sino la Sala Segunda, la que tomó esta decisión con el voto a favor de cuatro magistrados progresistas. Los dos conservadores eran partidarios de inadmitirlos al no plantear ninguna cuestión de «relevancia constitucional». A su juicio, había una doble vara de medir respecto a otros casos de corrupción que no pasaron el filtro de la admisión, como Nóos y Gürtel.

Esta semana se ha repetido un episodio similar con la decisión de la Sala Segunda de admitir el recurso de una ONG contra el archivo de la tragedia del Tarajal, donde 16 guardias civiles estuvieron a punto de sentarse en el banquillo por la muerte de 15 inmigrantes en 2014. Hay cierta sensación de que «se está buscando el cara a cara» con el Tribunal Supremo cuestionando decisiones de jurisdicción ordinaria.

En cuestión de números no hay duda de que el TC de Pumpido es un tribunal proactivo. Fuentes próximas a la presidencia apuntan a que gracias a su plan de choque el próximo octubre se habrán puesto al día los más de 6.000 recursos de amparo heredados (en estos momentos ya lo están los de materia civil, laboral y contencioso-administrativa). Respecto a los recursos de inconstitucionalidad, las mismas fuentes aseguran que el tribunal no tiene asuntos anteriores a 2019.

Los únicos recursos que quedaban eran los de las fórmulas de los juramentos de los diputados en la penúltima y última legislatura, y el primero ya se ha resuelto. En la agilización de los asuntos ha tenido que ver el hecho de que hasta ahora el ponente era el que marcaba el ritmo del recurso y solo cuando comunicaba que tenía listo el borrador se llevaba al Pleno.

En parte ahí estuvo el problema de que el aborto nunca llegara a ser debatido por los magistrados en trece años después de pasar por las manos de hasta cuatro magistrados. En su condición de presidente, ahora es Conde-Pumpido quien controla los tiempos, el seguimiento de los asuntos y el orden del día.

Fuentes del sector progresista aplauden el hecho de que la ponencia (el borrador de sentencia) llegue al debate directamente sin «cambalaches previos». Se refieren al «trabajo de cocina» de otros presidentes del TC para que la ponencia en cuestión llegara el pleno en condiciones de ser aprobada con el máximo respaldo posible. «Los asuntos estaban ya deliberados y si no era previsible lo que iba a suceder, no se llevaban», señalan. Fuentes próximas a la presidencia se muestran convencidas de que durante estos meses se ha conseguido «difuminar la sospecha» de politización, aunque no ocultan su malestar por que desde determinados medios se busque cualquier «discrepancia» para convertirla en una «brecha política». Admiten que existen desacuerdos, como en todo órgano colegiado, pero «el ambiente es cordial y respetuoso».