El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quiere que la juez «siga investigando» el caso Avales

El también presidente de Ciudadanos en Andalucía, que mantiene un pacto de gobierno con el PP para gobernar la Junta, ha explicado que el Gobierno tomó la decisión de «presentar algunas alegaciones» a través de los letrados de la Administración autonómica al informe presentado por los políticos investigados.

Marín afirma que «nosotros», en referencia al Gobierno andaluz del PP y Cs, «no controlamos» a los servicios jurídicos de la Administración «ni pretendemos controlarlos ni le decimos qué informe tienen que hacer».

En dichas alegaciones presentadas a la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso Avales, los abogados de la Junta sostienen, al igual que las defensas, que los cargos que concedieron estas ayudas no cometieron delito alguno ni de malversación de fondos públicos ni de prevaricación. Es la misma tesis que mantuvo la Junta cuando respaldó el archivo de la causa política de los cursos de formación contra 24 responsables autonómicos en octubre de 2016, cuando gobernaba Susana Díaz.

Los letrados autonómicos que representan los intereses de la Junta como acusación sitúan la responsabilidad penal en los beneficiarios de estos avales conocidos como «ayudas de salvamento» o de «reestructuración» y les imputan un delito menor, el de fraude en subvenciones.

La Fiscalía Anticorrupción tiene una opinión jurídica diametralmente opuesta a la de los letrados autonómicos. En un escrito avanzado por ABC, el Ministerio Público muestra su oposición «de plano» a las peticiones de archivo de la causa solicitadas por los investigados. Considera que se cometieron «graves delitos» en la concesión de avales y apremia a la magistrada a que «sin mayores demoras ni dilaciones en esta instrucción» lleve a cabo nuevas pesquisas ante la Agencia IDEA y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para evitar la prescripción.