Varapalo de la Audiencia a la juez Núñez por bloquear dos años y medio una investigación de avales de IDEA

Este caso permanece bloqueado desde junio de 2016. El motivo es una disparidad de criterios entre la instructora y la Fiscalía sobre el cuál debe ser el objeto de una investigación que afecta a fondos públicos que salieron de la misma agencia que pagaba los ERE irregulares.

En un auto del pasado 14 de enero al que ha tenido acceso ABC, los tres magistrados de la Audiencia aceptan el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, al que se adhirieron los letrados del PP. En el auto anulan un auto del 14 de mayo de 2018 por el que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , por segunda vez se negaba a reclamar atestados y pruebas periciales que había reclamado el fiscal.

Dichos informes fueron encargados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hace casi cuatro años (24 de febrero de 2015) por la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya. Con estas pesquisas, la instructora —que dejó el juzgado tras ganar una plaza de magistrada de la Audiencia— trataba de averiguar si los avales constituyeron otro canal para hacer llegar dinero público de modo ilícito a determinadas empresas.

En el recurso de reforma presentado por el Ministerio Público, éste se quejaba de que «durante todo este tiempo el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente , pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones la práctica de diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada».

Ante la negativa de la juez, la Fiscalía decidió apelar a la Audiencia de Sevilla, que ahora le ha dado la razón. Tanto los letrados de la Junta de Andalucía como el del exconsejero Martín Soler estaban de acuerdo con Núñez en que tales informes no debían solicitarse.

En el auto recurrido, la magistrada reprochó a la Fiscalía que cometía un «craso error» sobre el objeto de la causa, que «no es la concesión y pago de las ayudas consistentes en avales reglados, sino la simultaneidad denunciada de ayudas de salvamento y ayudas de reestructuración, así como de ayudas sociolaborales (ERE) o a empresas con ayudas de salvamento y reestructuración». A su juicio, abrir una investigación sobre la totalidad de los avales reglados que concedió IDEA desde 2009 supone iniciar una «inquisitio generalis» o causa general.