La Fiscalía sí ve «graves delitos» en el Caso Avales, que la Junta de Andalucía quiere archivar

En un escrito del 22 de abril pasado, al que ha tenido acceso ABC, los fiscales delegados contra la Corrupción rechazan «de plano» las peticiones formuladas por un exdirector general de la agencia IDEA y de un exconsejero de Innovación para que la magistrada archive la causa abierta contra ellos a principios de 2014 por la anterior titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

La Fiscalía solicita a la magistrada que «sin mayores demoras ni dilaciones en esta instrucción» lleve a cabo nuevas pesquisas ante la Agencia IDEA y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De lo contrario, un mayor retraso en la práctica de diligencias acordadas por la Audiencia Provincial de Sevilla hasta en tres ocasiones puede «conllevar la prescripción o, al menos, la minimización del reproche penal». La necesidad de realizar estos informes «constituye fundamento suficiente por sí solo para no atender lo solicitado» por las defensas, añade.

En una decisión sorpresiva, los letrados de la Administración autonómica —que ejercen la acusación como perjudicada — han apoyado las peticiones de sobreseimiento de los ex altos cargos. Por el contrario, la letrada que ejerce la acusación popular en representación del PP andaluz, al igual que los fiscales, se opone a que le den carpetazo a la causa y denuncia un «retardo malicioso en la administración de justicia» por la negativa implícita de la juez a practicar las diligencias. Es la segunda vez en menos de quince días —después de su escrito del 9 de abril— que el Ministerio Público, encargado de ejercer la acción de la Justicia en defensa del interés público tutelado por la ley, pide a la juez Núñez que avance en la investigación.

En el último escrito dirigido al juzgado, Anticorrupción reclama a la juez que envíe un oficio a la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, para que, «a la mayor brevedad, remita toda la documentación en forma de papel y digital relativa a las ayudas concedidas a las 18 empresas» reseñadas en el informe pericial elaborado para que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Rocío Marcos.

Dicha documentación debe incluir los expedientes de concesión, formalización de la ayuda, materialización de las garantías, ejecución de los avales concedidos y, si las hubiera, reclamaciones judiciales y extrajudiciales sobre las garantías y los importes satisfechos con fondos públicos.

La Fiscalía también solicita que se envíe a la Guardia Civil «a la mayor brevedad» a las dependencias de la agencia autonómica para que «proceda al volcado en dispositivo adecuado» de los datos relativos al Sistema Unificado de Gestión de Ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales de las 18 empresas que recibieron fondos públicos por partida doble: tanto del programa de avales como del fondo de los ERE.

El Ministerio Público solicita que abran piezas separadas de cada una de las sociedades beneficiarias y que se entregue toda la documentación anterior a los peritos de la Intervención General de la Junta y a la UCO para que puedan realizar los informes y atestados encargados en febrero de 2015.

A diferencia de lo que ocurrió en el caso ERE, la Consejería de Innovación sacó una orden que regulaba los avales bajo cuestión, pero se hizo la vista gorda a las restricciones legales que imponía la Unión Europea –una misma empresa no puede recibir fondos públicos de este tipo por partida doble en un plazo de diez años- y los técnicos de la agencia IDEA no tomaron la precaución de comprobar si las sociedades a las que se prestaba el dinero estaban realmente en crisis.

En definitiva, era la Junta de Andalucía la ponía el dinero y asumía todo el riesgo, lo que le obligó a responder ante los bancos y cajas. El quebranto fue millonario. En un balance realizado en el año 2016, trascendió que la Junta de Andalucía había tenido que responder ante los bancos por los avales concedidos entre 2008 y 2012 por una suma de 126,3 millones debido la insolvencia de las empresas beneficiarias.

Para la Fiscalía, la defensa del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete trata de justificar el sobreseimiento de la causa basándose en una «valoración incompleta y sesgada» del informe pericial que tiene un alcance limitado y que fue ratificado en el juzgado por la interventora de la Junta. Rocío Marcos reconoció que «en algunos casos reproducen datos aportados por la empresa solicitante» sin que la agencia IDEA corroborara su situación de insolvencia o viabilidad. Para el abogado de Cañete, en cambio, «el actuar de los responsables de la concesión de los avales ha estado plenamente ajustado a la ley» y la práctica de nuevas diligencias «deviene en impertinente y prospectiva cuando los indicios que sustentaban la instrucción han desaparecido».