La nueva Junta de Andalucía también exculpa a ex altos cargos del PSOE imputados por corrupción

La Junta, a través de sus abogados, considera que quienes concedieron los fondos públicos no cometieron delito alguno . Es la misma tesis que mantuvo cuando respaldó el archivo de la causa política de los cursos de formación contra 24 responsables autonómicos en octubre de 2016. La diferencia es que entonces gobernaba el PSOE y ahora mandan el PP y Ciudadanos.

Mediante un escrito que ayer aún no se había trasladado a las partes del proceso, según ha podido conocer ABC, la Junta deja abierta la puerta a que se investigue a los beneficiarios de estos avales conocidos como «ayudas de salvamento» o de «reestructuración» por un delito menor, el de fraude en subvenciones.

Los letrados que representan los intereses de la Junta como acusación —y perjudicada por la pérdida de dinero público— dan pie a que la juez le dé carpetazo y se alinean con las tesis de las defensas de los ex altos cargos que solicitan el archivo de esta causa bajo el argumento de que « no existe la menor irregularidad penal ».

Al filtrarse el contenido del escrito, la Junta emitió ayer una nota de prensa en la que sin desmentir los hechos, alegaba que «ha presentado alegaciones contra la solicitud de sobreseimiento por dos investigados y ha pedido que se abran nuevas investigaciones de los avales a empresas implicadas en los ERE». «A la vista de las diligencias practicadas, se aprecian indicios de falseamiento en algunas solicitudes de avales », expone la nota, omitiendo que sus letrados achacan estos supuestos delitos a los beneficiarios de las ayudas y no a los políticos.

Posteriormente, en una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto , confirmaba la petición de archivo pero la justificaba por una «agilización de procedimientos» y negaba la contradicción con la acusación del PP, que se opone al sobreseimiento de la causa.

Las defensas del ex consejero de Innovación Martín Soler y del ex director general de IDEA Jacinto Cañete presentaron escritos en los que instaban a la instructora a dar carpetazo a la causa abierta el 22 de enero de 2014 para evitar que se convierta en una «fishing expedition», una investigación «inquisitorial y prospectiva».

La «nueva» Junta r ema a contracorriente de la Fiscalía Anticorrupción , que sí ve indicios de malversación y prevaricación en el reparto arbitrario de fondos públicos. Y también de la acusación del PP, que se opuso al sobreseimiento libre y solicitó agotar la investigación.

Según ha podido saber ABC, Anticorrupción le ha pedido a la juez que le remita cuanto antes los expedientes de las ayudas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no dilatar más estas diligencias y plantea la división de la causa en piezas con el objetivo de agilizarla.

Los agentes avisaron el pasado 12 de febrero a la magistrada de que no había podido elaborar el atestado que les solicitó Alaya en febrero de 2015 porque no habían tenido acceso a la documentación. Núñez ha trasladado a las partes los escritos de las defensas pidiendo el archivo de la causa y el del PP oponiéndose a esta solicitud de los investigados, pero no ha contestado al escrito de la Fiscalía y ni tampoco le ha dado curso.

El rumbo jurídico de la Junta choca con la posición de la acusación popular que ejerce el PP andaluz , el partido que gobierna la comunidad junto con Ciudadanos y que en diciembre de 2013 impulsó esta investigación al descubrir que la Junta había avalado ante los bancos a empresas que a su vez se habían beneficiado con el dinero de los ERE.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla heredó el caso Avales de Mercedes Alaya cuando abandonó este órgano judicial en junio de 2015 para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya abrió las diligencias previas el 22 de enero de 2014 al advertir que empresas beneficiadas con el fondo de los ERE recibieron ayudas excepcionales bajo tres figuras: préstamos, ayudas en garantía sobre préstamos y avales como garantía de préstamos de entidades financieras.

En la mayoría de los casos, estos avales habían sido «fallidos », lo que generó un quebranto millonario a las arcas públicas. La anterior instructora sostenía que se concedieron sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno andaluz y rebasaron el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la agencia.

La investigación quedó congelada tras el relevo en el juzgado . Cansado de que la juez Núñez desoyera con insistencia su petición para elaborar el atestado de la UCO y encargar un informe a los peritos de la Intervención del Estado, en marzo de 2018 el fiscal le quejó por escrito de que «el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente» desde 2015.

Agotada la paciencia, la Fiscalía recurrió a la Audiencia de Sevilla, que le dio la razón y obligó a la juez a practicar las pesquisas que el ministerio público solicitaba y que Núñez ignoraba. En un escrito del 4 de abril, la letrada del PP denuncia que la instructora «ha denegado implícitamente» lo acordado por la Audiencia «en tres autos», porque no ha remitido en cuatro años los expedientes a la UCO y a los peritos de auxilio judicial.

Este «incumplimiento» constituye « una auténtica y reiterada violación» del derecho a la tutela judicial efectiva y podrían ser constitutivos, además, de un delito de desobediencia, de prevaricación judicial y «de retardo malicioso en la administración de justicia», expone esta acusación popular.

Por otra parte, en un escrito dirigido a este periódico, Martín Soler asegura que se le incluyó como investigado en el caso Avales «hace ya cinco años por el simple hecho administrativo que el consejero de Innovacion era presidente de IDEA ». Explica que el programa de avales y ayudas de salvamento «venía creado» por su antecesor y «yo como consejero y presidente de IDEA no participé en ningúna decisión, ni reunión del consejo rector de IDEA, no emití resolución alguna».

En su escrito, Martín Soler alega que «las decisiones de las concesiones se proponían por los técnicos en cada una de las provincias , es decir, en el caso que existiera alguna irregularidad, yo nunca la hubiera cometido».

El exconsejero recuerda que fue incluido inicialmente en la causa política de ERE, «sufriendo el escarnio público y el daño a todos los niveles» y «después de varios años» fue exculpado en este caso. Además, asegura que la Audiencia, en su auto de archivo, señaló que «no había participado yo en nada delictivo» y que había « contribuido a desovillar la madeja que se había creado ». «Por todo esto, y por innumerables argumentos más, puedo asegurar jurando ante Dios y mi conciencia que no he cometido ninguna irregularidad», señala.