Muere el churrero 'intruso' del pueblo de Guerrero esperando la sentencia más tardía del caso ERE

Por este motivo, Andrés Carrasco fue juzgado en la segunda pieza del caso ERE que ha ido a juicio , centrada en los 2,9 millones de euros en ayudas irregulares que la Junta de Andalucía concedió a la empresa de Dos Hermanas dedicada al envasado y venta de aceitunas. Este vecino de El Pedroso, que tenía 73 años, falleció el 14 de diciembre pasado esperando la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó los hechos hace un año. Su abogado ya ha comunicado a la sala mediante un escrito la defunción del acusado, que se enfrentaba a una petición de cuatro años de prisión por un supuesto delito de malversación .

El segundo fallo de la macrocausa se está haciendo de rogar y ya ha superado el tiempo que tardó en hacerse pública la sentencia que condenó a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el sistema «ilícito» de ayudas.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el 22 de diciembre de 2020, la defensa del presunto intruso alegó que Carrasco era «el concesionario de un puesto de churros», por lo que no tenía «ninguna capacidad de influencia» sobre la Junta de Andalucía. Su letrado se preguntó quién era su cliente «para mover a un director general a cometer un delito a su favor», en alusión al ya fallecido Francisco Javier Guerrero, que concedió la mayor parte de las ayudas irregulares .

El entonces director general de la Junta « era la imagen del éxito en El Pedroso , una persona de referencia y accesible», y aseguró a su paisano que el dinero provenía de «un fondo de pensiones completamente legal», argumentó durante la vista.

En el juicio, el churrero de El Pedroso 'intruso' en el ERE de Acyco se acogió a su derecho a no declarar. Donde sí explicó su versión fue ante la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En septiembre de 2011, Carrasco argumentó que había solicitado una ayuda económica a Javier Guerrero, exregidor de El Pedroso. Fue a verlo para pedirle «trabajo» y que, después de «varios meses», en vez de darle un empleo le concedió una ayuda a la prejubilación de unos 1.100 euros mensuales desde agosto de 2003 a mayo de 2013. Añadió que, cuando recibió la ayuda, se acababa de separar de su mujer y atravesaba por apuros económicos, si bien matizó que no es amigo de la infancia de Guerrero.

En el banquillo de los acusados se sentaron doce personas, la mitad de ellos exaltos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE: el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá , los exdirectores de trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director general del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano. Guerrero falleció en octubre de 2020.

Los otros encausados fueron Encarnación Poto, presidenta del Consejo de Administración de Acyco ; Gabriel Barrero, director de Recursos Humanos y abogado de Acyco; el abogado José Miguel Caballero Real; Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia; Jesús Bordallo, encargado regional de Vitalia; y Andrés Carrasco Muñoz, el presunto intruso que falleció el 14 de diciembre.