Juanma Moreno firma este martes el acuerdo que mejora las condiciones laborales de 80.000 empleados públicos

El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, como desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del día anterior. El primer paso legal de esta mejora para los empleados públicos lo rubricó la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A, así como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) e Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) en ese órgano de interlocución antes de su aval por el propio Consejo de Gobierno.

El Gobierno andaluz ha señalado que la entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de este 2025, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio.

Del paquete de iniciativas que incorpora este acuerdo laboral para los funcionarios autonómicos destaca la creación de la carrera profesional, que se introduce a imagen y semejanza de la existente en el ámbito sanitario. Al igual que sucede aquí serán los propios empleados quienes tendrán que solicitar su aplicación. Este reconocimiento se aplicará con efectos desde el 1 de enero de este 2025.

La Junta de Andalucía ha situado la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los empleados autonómicos como «un instrumento objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia». El acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de 10 noviembre de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno y supondrá la base para el futuro decreto que regule estos conceptos.

El Gobierno andaluz ha remarcado que «el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo» por cuanto propicia la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, que ha calificado de «más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica», además de destacar que «pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo».

El compromiso del Gobierno andaluz es «culminar» la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al aún vigente, firmado en 2002, y que supondría dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública. El Gobierno andaluz ha remarcado que esta iniciativa se enmarca en una estrategia de empleo que permitirá reducir de manera sostenida la temporalidad estructural, situándola por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público, un modelo estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso de la duración temporal de los contratos y nombramientos.

El acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, la adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo.

Y también recoge la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales. En coherencia con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, su orientación es «situar a Andalucía en la vanguardia de la gestión pública mediante una administración que actúa como motor económico, que facilita la inversión, que atrae talento y que se adapta a la revolución digital con estructuras flexibles, eficientes y centradas en las personas».

La Junta ha destacado que «el acuerdo crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía», así como ha defendido que «esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre la ciudadanía y mejorar la capacidad de la administración pública para asistir a personas con reducido nivel de destrezas digitales».