Balance penal tras once años del caso ERE: una condena recurrida y 138 investigaciones por resolver

En los últimos años se han ido abriendo procedimientos en el Tribunal de Cuentas. Mientras, en paralelo, se ha dirimido penalmente por el desvío de fondos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en la Audiencia Provincial . Estos últimos investigan y enjuician los presuntos delitos cometidos en las más de un centenar de piezas en que se ha fragmentado la macrocausa de los ERE.

Durante una década (2000-2009), más de 200 sociedades, entidades y ayuntamientos, en su mayoría en manos del PSOE, recibieron un total de 679,4 millones de euros sin orden ni convocatoria de ayudas, sin publicidad ni procedimiento reglado alguno. Fueron tocados por la «varita mágica» de los gobiernos socialistas de la Junta, que diseñaron un fondo que lo mismo servía para socorrer a un amigo en apuros que para arreglarle la jubilación a familiares de altos cargos o para apagar conflictos laborales. Así lo determinó la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en la única sentencia penal del caso ERE, la denominada pieza del procedimiento específico de ayudas o rama política. Condujo a una condena coral el 19 de noviembre de 2019. Según el tribunal, 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía prevaricaron –tomaron decisiones injustas a sabiendas– o malversaron hasta 679,4 millones.

Entre los condenados figuraron los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ; una exministra, Magdalena Álvarez ; un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías ; cuatro exconsejeros más, viceconsejeros, directores generales, y así hasta sumar 19 ex altos cargos que estuvieron sentados casi un año en el banquillo.

Diez de ellos fueron condenados a penas de hasta siete años de cárcel ; el resto, inhabilitados para empleo o cargo público. El tribunal sólo absolvió a dos altos funcionarios: el ex interventor general y el jefe jurídico de la Junta. Los condenados han pedido su exculpación al Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto sus recursos.

En la actualidad hay otras 138 causas abiertas , en distinta fase procesal, tras decenas de archivos, exclusiones de políticos y prescripciones. Se están investigando a empresas y ex responsables políticos de la Junta a través de 103 piezas separadas del caso ERE, de las que 81 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y las 22 restantes en fase intermedia tras haberse dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (procesamiento). Además, otras 35 investigaciones están ya finalizadas y se han mandado a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento.

Cuando están a punto de cumplirse once años de la apertura del caso por la juez Mercedes Alaya el 19 de enero de 2011 , no hay todavía ninguna sentencia firme ni nadie que la espere recluido en una prisión. Al margen de lo que decida el Supremo, el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla hizo una severa reprimenda a los gobiernos autonómicos. Los acusó de crear una red de ayudas con fines políticos para apagar conflictos sociales y ganar una tras otra elección. No hubo un enriquecimiento económico de la antigua cúpula de la Junta de Andalucía, pero sí obtuvieron un lucro político.

Tras un proceso de instrucción tortuoso, en el que el sumario ha ido pasando por las manos de nueve jueces de distintos órganos en el ámbito penal, se han celebrado sólo dos juicios , el ya citado del procedimiento específico, y el de las ayudas concedidas a la empresa Acyco, que quedó visto para sentencia hace un año. Dada la complejidad de la causa, el número total de investigados es una incógnita, entre los que han sido excluidos o han fallecido.

En octubre de 2020 murió el director de Trabajo que dio la mayoría de ayudas, Francisco Javier Guerrero , quien destapó la existencia de lo que bautizó –luego se arrepintió– como un «fondo de reptiles» para socorrer a «criaturas» necesitadas de ayuda sociolaboral. En sus inicios hubo más de 500 imputados en esta causa que tardará más de una década en enjuiciarse.