Caso ERE Andalucía: una condena multimillonaria, 138 causas pendientes y la incógnita del Supremo

El próximo viernes se cumplirán dos años de la resolución de la pieza política de los ERE , la primera y la única sentenciada de la macrocausa hasta ahora y la que mayor impacto social, político e institucional ha tenido en la historia de la Autonomía. Al margen de lo que decida el Tribunal Supremo cuando se pronuncie sobre los recursos que han presentado los condenados solicitando su absolución, la sentencia de la Audiencia, con su severa censura a la gestión socialista, supuso un amargo trago para este partido que aún estaba digiriendo el trauma de perder la Junta de Andalucía en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

El tribunal determinó que Chaves y Griñán, las figuras más simbólicas del tradicional feudo socialista, eran «plenamente conscientes» de la «palmaria ilegalidad» del fondo de los ERE . Que ambos participaron en el diseño y mantenimiento desde 2000 hasta 2009 de un sistema en el que las subvenciones se daban de manera arbitraria, sin primar el interés público, saltándose todos los controles, enriqueciendo a determinadas empresas y falsos trabajadores (los llamados intrusos), en detrimento de la inmensa mayoría de sociedades y de los 120.829 trabajadores andaluces que en esa década se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

Por este supuesto fraude multimillonario fue inhabilitado Chaves durante nueve años por prevaricar –adoptar decisiones injustas a sabiendas–, mientras que su sucesor vio agravada su pena con otro delito de malversación y seis años de prisión. Para los jueces, Griñán, como consejero de Hacienda, conoció los informes de la Intervención de la Junta, pero no hizo nada para frenar las irregularidades. En cambio, él sostiene que jamás recibió las alertas.

Once años de investigación han dibujado un árbol de corrupción con hasta 138 ramas. Antes de las decenas de archivos, exclusiones de altos cargos y prescripciones, el sumario llegó a superar los más de 500 imputados. De las 138 piezas, 81 se encuentran en fase de instrucción –diligencias previas–, 22 pesquisas están en una fase intermedia al contar ya con un auto de procedimiento abreviado (procesamiento), mientras que las 35 causas restantes han sido enviadas a la Audiencia para que sean juzgadas, según el balance facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

No hay aún ninguna sentencia firme ni nadie que la espere encerrado en una prisión. Pero sí existe un relato judicial que apunta a que los gobiernos socialistas crearon una red clientelar utilizando el dinero público para apagar conflictos sociales y ganar así elecciones. No hubo un enriquecimiento económico de la antigua cúpula autonómica, pero sí un lucro político.

La prosa jurídica de la sentencia, a cargo del magistrado Juan Antonio Calle Peña , abundó en esa teoría: «La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos».

Para hacer más gobernable el macrosumario de los ERE, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha ido troceándolo en más de un centenar de piezas, tantas como empresas, entidades y ayuntamientos recibieron ayudas mediante un sistema supuestamente fraudulento. Se repartieron a discreción hasta 679.412.179 euros en los diez años que estuvo funcionando , según concluyó el tribunal de la Audiencia.

La investigación había echado a rodar en realidad antes de 2011. La juez Mercedes Alaya halló a intrusos (personas ajenas a la empresa) en la lista de trabajadores beneficiados de ayudas a la prejubilación de Mercasevilla, mientras indagaba en un intento de soborno por parte de dos directivos de la empresa municipal a dos empresarios hosteleros.

Entonces, nadie podía imaginarlo, pero aquello fue el inicio de una tortuosa instrucción donde no faltaron toda clase de zancadillas judiciales, escraches contra la juez, recusaciones, dimisiones y turbulencias políticas , mientras el sumario se convertía en un dinosaurio de más de un millón de folios e iba pasando por las manos de nueve jueces de distintos órganos y tribunales.

Al Supremo le tocará poner punto y aparte a este puzle judicial que amenaza con colapsar la Audiencia de Sevilla con decenas de juicios en la próxima década .Tanto si confirma la sentencia como si la tumba, su resolución –para la que no hay fecha todavía– marcará el devenir del resto de procedimientos. Once años después, el volcán de los ERE sigue activo en los juzgados y no muestra signos de apagarse.