Los enchufados de la extinta fundación Faffe ya son personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo

Se benefician casi 500 antiguos empleados en la Faffe, algunos de ellos allegados a cargos públicos y dirigentes del PSOE que fueron enchufados incluso mediante un correo electrónico meses o días antes de la extinción de la entidad. Así lo reveló un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga el amaño de contratos a proveedores y el supuesto nepotismo en la fundación.

Mediante una novación o modificación de sus contratos y después de someterse a un proceso para estabilizar a 1.297 interinos del SAE, que fue anulado parcialmente por otro juzgado, dichos trabajadores han dejado de ser temporales o indefinidos no fijos para adquirir el rango de personal estable de la agencia dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La dirección de la entidad autonómica que gestiona las oficinas del paro en Andalucía les otorga el salvoconducto legal que solicitaban los sindicatos para blindar su puesto de trabajo y evitar así el temido despido. Previamente, otros 482 empleados procedentes de la Faffe fueron declarados fijos sin someterse a ningún concurso para consolidar las plazas.

La estabilización se puso en marcha por el SAE un día después del sorteo de la Lotería de Navidad, el 23 de diciembre de 2022, mediante la convocatoria de un concurso de méritos. En este lapso, el proceso ha sufrido todo tipo de contratiempos. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de Sevilla anuló la valoración de los méritos porque «vulnera los principios de acceso a la función pública», tras estimar parcialmente el recurso presentado por la Asociación Sindical de Profesionales Andaluces de Orientación Profesional (APAO), representada por el letrado Francisco Manuel Sánchez Blancas. El SAE decidió, sin embargo, continuar con el proceso tras presentar un recurso que está pendiente de resolución, dado que el concurso no ha sido suspendido por el juzgado.

El otro problema con el que el Servicio Andaluz de Empleo se topó es que al menos 23 enchufados de la extinta Faffe que optaban a convertirse en fijos carecían de la titulación para el puesto que llevan ocupando desde hace más de 13 años. Aun así, los sindicatos han presionado para que dicho personal no sea despedido y la agencia autonómica, cediendo a su pretensión, ha acordado hacer una revisión de oficio parcial hasta que se resuelva cómo acreditan los requisitos exigidos.

Entre tanto, el SAE mantendrá «su relación contractual actual hasta la revisión del expediente», según informó mediante una circular interna la sección de Servicios Públicos de la UGT de Andalucía el pasado 29 de octubre. En su escrito avanzaba los pormenores que la directora gerente de la agencia pública, María Victoria Martín Lomeña, trasladó a los sindicatos en una reunión. Según la UGT, ésta les confirmó que a partir del lunes 4 de noviembre iban a ser citados los trabajadores que aspiraban a su estabilización para firmar presencialmente los nuevos contratos. La fecha que figura en los mismos es la del 31 de octubre pasado y no del 4 de noviembre, cuando éstos se iban a rubricar.

La fórmula elegida es la de una novación del contrato, que pasa de temporal a indefinido fijo en la Seguridad Social. Además, el SAE garantizaba las condiciones laborales y salariales a aquellas personas que han estabilizado la plaza.

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Fuentes oficiales de la Consejería de Empleo corroboraron a ABC la información que trasladaron la UGT y otros sindicatos a los trabajadores sobre el proceso de estabilización y precisaron que la fecha del contrato es del 31 de octubre pasado para «reservarles la antigüedad». Por esta razón, se les convoca a todos a la vez para la firma. No obstante, desde Empleo añadieron que el concurso de méritos está en la recta final pero que aún no ha finalizado. Hasta que un juez no diga lo contrario, el proceso debe seguir adelante y mantener a las personas que optan a una plaza, aseveraron.

El abogado Francisco Manuel Sánchez Blancas, que representa al colectivo que impugnó el concurso en los juzgados, al ser consultado por ABC, opina lo contrario. Es «una absoluta imprudencia» seguir adelante con este proceso, cuando «hay una sentencia que lo invalida en lo esencial». «Si bien no es firme, ya que está recurrida por la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las posibilidades de que se confirme son muy amplias», advierte.

Este letrado menciona una sentencia del Tribunal Supremo que cuestionaba un concurso parecido del Servicio Gallego de Salud. «El mayor valor que cabe atribuir a la experiencia en la Administración convocante no puede ser absoluto o, como dice, el Tribunal Constitucional, no puede superar el límite de lo tolerable. Y, además de ese límite material, ha impuesto otro formal: la diferencia ha de ser justificada», determinaba en su sentencia del 26 de septiembre de 2024.

«El comportamiento de la Administración puede llevar, en caso de confirmación de la sentencia, a la solicitud de indemnizaciones de daños y perjuicios, tanto de trabajadores, que habiendo firmado la plaza pudieran perderla, como de trabajadores que habiéndose presentado al procedimiento y no haber sido elegidos de primeras y sí de segundas, puedan considerar que su elección debería haberse producido mucho antes. Dicho de otra forma, se está jugando con los dineros públicos muy alegremente», advierte.

«Actuaciones como ésta son las que terminan en situaciones como las de la Policía Local de Sevilla, para luego decir que es imposible aplicar la sentencia», recuerda en relación a la sentencia que obliga a cesar a 44 agentes por un chivatazo en el examen de las oposiciones celebradas en 2012.

Preguntado por el mantenimiento de los trabajadores de la Faffe que no cuentan con la titulación que habilita para ocupar las plazas convocadas, este letrado considera «una ilegalidad clara y consciente» que dicho personal continúe en dichos puestos mientras el SAE analiza su circunstancia. Sánchez Blancas expone que las bases no recogen dicha excepción, sino que «dan un plazo para presentar la documentación acreditativa y eso se produjo en junio de este año».

Por tanto, «quien no la haya podido presentar, pues pasa su plaza al siguiente que cumpla los requisitos. La Ley 20/21 es muy clara. Es un proceso abierto, se estabilizan plazas. Quién no haya conseguido la plaza, corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado y su extinción, ocupando la plaza el siguiente que le correspondería», asegura este abogado. «Dicha situación, no sólo es ilegal de todas todas, sino que además sí que puede generar nuevas demandas y petición de daños y perjuicios», avisa.