El PSOE enchufaba a familiares en la Junta de Andalucía por un correo electrónico que luego ordenan «destruir»

El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado conversaciones entre directivos de la Faffe que «demostrarían la existencia de contrataciones dirigidas a personas solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza», gobernada por el PSOE de forma ininterrumpida durante casi 37 años, hasta enero de 2019.

La Policía Judicial llega a esta conclusión tras realizar un primer análisis de 235.125 conversaciones asociadas a las cuentas de correo corporativo de antiguos responsables de Recursos Humanos (RR. HH.) de la Faffe, extraídas de un disco duro facilitado por el SAE mediante una orden judicial.

Su investigación se ha plasmado en un atestado policial de 278 páginas, al que ha accedido ABC, que forma parte del voluminoso sumario de la macrocausa de la Faffe. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga el uso fraudulento de subvenciones y el supuesto nepotismo en la fundación creada por la Junta de Andalucía en el año 2003 para impartir formación a los parados.

Conscientes de la ilegalidad, los responsables de la Faffe encargados de las contrataciones recomendaban en sus mensajes «destruir» uno de los correos que contiene «un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» para colocarlas en la fundación, especifica el informe. Su empeño es borrar todo rastro que pudiera comprometerlos.

La única capacitación de los contratados era la de ser hijo de una exdiputada socialista, sobrina de una alto cargo de la Junta o la nuera de la cuñada de un expresidente del Gobierno, según consta en uno de los correos examinados.

El citado 'e-mail' lo envía a las 19.18 horas del 16 de marzo de 2011 el director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca, a María Antonia Rufo, adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas. Aunque el asunto que figura en la bandeja del correo, «temas comentados hoy», ofrece pocas pistas, el cuerpo del mensaje menciona con nombres, apellidos y lazos de parentesco a quiénes habría que contratar.

Son «Antonio Jesús A. A., hijo de Aurora Atoche, PSOE Sevilla», en alusión a la que fuera diputada autonómica del PSOE entre 1996 y 2004; «Cristina G. R., sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero, presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta y miembro de la Fundación Alfonso Perales, la 'fábrica' de ideas del PSOE andaluz y, por último, Mónica F. F., «nuera de Carmen Mejías», que entonces era la directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, indica el correo. En la última aspirante al puesto, el directivo de la Faffe se explaya más y aclara que Mejías es, a su vez, «mujer de Juan María González y, por tanto, cuñada de Felipe González».

«Junto con lo que te he puesto en la 'black' es lo que hay que incluir mañana en el listado», prosigue el mensaje, que concluye con la siguiente orden: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado». Tan extraña petición evidencia, para la UCO, la «opacidad» que rodeaba estas contrataciones.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que, en efecto, los parientes de los políticos referidos fueron incorporados como «técnicos» y formaron parte del personal de la Faffe cuando estaba próxima su disolución. Sus nóminas se financiaban con cargo a programas de subvenciones concedidas por la propia Junta de Andalucía. Entre 2003 y 2011, el organismo recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos, de los que 55 millones nunca llegó a justificarlos.

Con anterioridad a su entrada en la fundación, en octubre de 2010, el Gobierno socialista había pactado con los sindicatos el 'blindaje' de las 1.664 personas que estaban a sueldo de la misma. Al día siguiente de su extinción, pasaron a ser absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, la agencia pública que gestiona la red de oficinas de empleo repartidas por Andalucía.

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Entre febrero y abril de 2011, cuando la entidad ya tenía los días contados, el departamento de Recursos Humanos de la entidad pública registró una actividad frenética. Los agentes sospechan que los parientes de cargos socialistas se incluyeron en el citado «listado» que menciona el director de RR. HH. «para poder ser subrogados con el Servicio Andaluz de Empleo».

Lo que no han podido averiguar es qué contenía el mensaje enviado a través de «la black» [móvil]. El correo contradice las declaraciones policiales que realizó el directivo de Personal durante la instrucción. «Todo el mundo que ha sido contratado ha pasado por un proceso de selección», respondió en octubre de 2015, cuando la UCO le preguntó si allí se colocaba a familiares o amigos.

El rastreo de los correos avala la hipótesis policial de una complicidad entre responsables de la Faffe y altos cargos de la Junta. «Habría existido una sólida connivencia entre los diferentes responsables de la fundación, e incluso entre otros responsables de la Administración, a la hora de cubrir los diferentes puestos ofertados dentro de la Faffe con personas de su confianza, no respetando los procedimientos de transparencia, capacidad e igualdad de oportunidades que deberían regir en este tipo de contrataciones», esgrime.

Las relaciones personales se anteponían incluso a las necesidades laborales de la propia entidad. Hay una cadena de mensajes «clarificadora» para la Guardia Civil. El 2 de enero de 2008, Carmen Lara Pérez, gerente de la Faffe en Sevilla, le pregunta al director de Personal, Antonio Jiménez, si ya ha hablado con Isabel Quílez, «la secretaria general del SAE», sobre una oferta laboral por la que se había interesado el director de la fundación, Fernando Villén Rueda, miembro de la Ejecutiva regional del PSOE entre 2008 y 2010, que ha sido condenado a seis años de prisión por pagar con dinero público en prostíbulos.

Jiménez, tras rebotarle el correo, informa a Rufo Muñoz de que se trata de «dos de Rivas que tienen que entrar y no tienen el perfil» y le propone dos opciones para hacerlo. Volviendo a nombrar de nuevo a Quílez, señala que aunque ella no lo sepa «ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado». La UCO apunta a dos posibles recomendadas de Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010.

Al menos, 200 personas de la plantilla de la entidad de la Junta, que recibió unos 300 millones de euros de fondos públicos, estaban vinculados a partidos políticos —principalmente, el PSOE andaluz— o sindicatos, apuntaba ya la UCO en un informe entregado en junio de 2017 al juez de Sevilla que investiga los enchufes y contratos a dedo en la Faffe.