Según una nota, los vecinos aseguran que la elevada concentración de personas provoca un «efecto cárcel» en las comunidades «que con más de 80 viviendas se ven imposibilitadas de atender una eventual urgencia sanitaria o de bomberos, amén de la casi imposibilidad de acceder o salir de sus viviendas».
El colectivo vecinal advierte que tiene el encargo de «evaluar la posibilidad de presentar una demanda preventiva en el juzgado de guardia por los evidentes riesgos para la seguridad de las personas» ante la falta de medios para evitar esas concentraciones, que se repiten cada año.
Hasta ahora, la comunicación pública es que «el Ayuntamiento de Córdoba volverá a vallar determinadas zonas para evitar botellones durante las Cruces, como son la plaza de Capuchinos, San Basilio, San Andrés o la plaza del Conde de Priego», pero los residentes insisten en que «el problema denunciado no es de botellón sino de seguridad».
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