La Junta de Andalucía tacha de «decisión política y profundamente equivocada» la negativa a su conexión de La Colada

Como ya ha avanzado ABC, la Junta de Andalucía va a presentar alegaciones al informe técnico (no resolución) emitido por el organismo de cuenca en las que lleva trabajando desde hace varios días -con un extenso dossier recopilatorio de todos los trámites- en coordinación con la Consejería de Agricultura y Pesca, la Secretaría General de Aguas y la Diputación de Córdoba.

Tiene hasta la semana próxima para hacerlo y luego (no puede recurrir nada de momento porque no hay una resolución), junto con el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre el tema, servirán para la resolución definitiva que tiene que mitir la CHG. No se descarta, en ese momento, si persiste la negativa, que se abran nuevas vías administrativas o incluso judiciales.

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Molina ha insistido en que se lleva «trabajando de manera coordina y compartiendo información» del proyecto desde marzo de 2022 cuando la consultora que redactó el proyecto de conexión, como también ha adelantado ABC, elevó consultas a la propia Confederación del Guadiana y Acuaes (sociedad estatal que ejecutó el pantano) para ir perfilando el diseño técnico de la conexión parada en 2009. «No ha habido ocultación, por lo que soprende más esta negativa y la afirmación de que no nos hemos dirigido a ellos».

Recuérdese que el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha insistido en unas recientes declaraciones en que no sólo vale un periodo de exposición pública en el que no presentaron alegación alguna, sino que la Junta de Andalucía debía haber requerido informe de oficio al ente hidrológico sabedora de que tenía que autorizarlo. Y ha remarcado que se enteraron del proyecto cuando la Diputación solicitó la concesión del agua en junio pasado.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha defendido este jueves la viabilidad técnica, económica y ambiental de su proyecto -aspectos cuestionados ahora por la Confederación del Guadiana- y ha recordado que la autorización ambiental del mismo fue otorgada por la propia Junta y el proyecto pasó todos los filtros y controles propios para ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

En este sentido ha insistido en que «no es un proyecto nuevo porque lleva 16 años esperando» y «no se va a cobrar nada a los usuarios porque ya se ha pagado con el canon autonómico», a diferencia de la obra de emergencia de 4,3 millones de euros de la CHG que se imputará a los vecinos del norte de Córdoba a través de su factura de agua.

«Siempre hemos dicho que íbamos a aprovechar esa instalación provisional para construir la solución definitiva», ha recalcado Adolfo Molina. De hecho la torreta desde la que se crean dos nuevas tomas en altura está ya ejecutada, o incluso en la actuación de emergencia se usaron tuberías de 2009. El organismo de cuenca sí ha dado su visto bueno a una nueva acometida eléctrica para solventar el gasto de gasoil (2,4 millones) acumulado para que trabajen los generadores que sacan el agua por la toma flotante instalada.

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En este sentido mismo, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, ha leído una comunicación oficial del propio Ministerio de Transición Ecológica en la que se reflejaba que la conexión provisional impulsada en el momento crítico de sequía (2022-2023) tendría que ser «definitiva una vez que la Junta termine el proyecto redactado».

Acosta también ha leído el correo electrónico ya adelantado por ABC en el que un miembro de la Dirección Técnica de la CHG califica de «correcto» el planteamiento hecho por los técnicos de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En el mismo agregaba que «es posible que pudiera salir alguna pequeña redundancia, que se podría solventar no ejecutando en su momento algunas partidas que correspondan».

«Esto no es un gasto sino una obligación que tenemos con el norte de Córdoba» ha concluido Acosta. En la misma línea, Adolfo Molina se ha referido al malestar de vecinos, alcaldes y colectivos sociales a los que ha incluido en esta queja pública y ha significado que «el PSOE los ha castigado por dos veces: cuando abandonó la obra en 2009 y ahora que no la autoriza».