Intervención eleva a definitiva su investigación sobre el alumbrado del Ayuntamiento de Córdoba

Este tipo de informes tienen la obligación legal de someterse a un periodo de alegaciones con el objetivo de que los servicios o las personas citadas defiendan su actuación. Los actuales responsables de Infraestructuras (en manos del edil de Antonio Álvarez, de Cs) decidieron no alegar. No consta ninguna explicación por su parte de las cuestiones advertidas.

Sí aparece en el documento municipal una sola alegación presentada por el que fuese concejal de Infraestructuras en ese momento, David Dorado, hoy concejal no adscrito tras marcharse del que fuese su partido, Cs. Dorado divide su escrito de explicaciones o defensa en varios puntos. El primero es que, bajo su punto de vista, todo lo que hizo estaba correcto y que se solventaron peticiones históricas de los vecinos de la zona. En concreto, de la avenida de Libia que es donde se colocaron las farolas, presuntamente, usando la técnica de los contratos troceados.

Dorado carga contra Intervención al asegurar que a buenas horas, mangas verdes. A su juicio, el departamento de fiscalización de fondos tenía los poderes para, antes de que se llevase a cabo el contrato, haber realizado una vigilancia de los expedientes de forma. A toro pasado, explica, el documento es «atemporal». Es una idea que repite en varias ocasiones: se lo podían haber dicho antes. Afirma que el dictamen no entiende las condiciones en las que se llevaron a cabo esas obras. Y es en un plan de obras urgente creado por el Ayuntamiento para paliar los efectos del coronavirus. Era un plan para desarrollar obras municipales en un escaso periodo de tiempo para meter dinero público en la sociedad.

Por último, explica que los trabajadores municipales nunca fueron formados en la gestión de contratos menores tal y como se habían reformulado por el actual equipo de gobierno. Eso llevó a que se siguiera trabajando de la misma manera: pidiendo tres oferta. Sobre los sobrecostes detectados, explica que no era su labor contrastar los precios que se usaban. Que esa es una labor de los funcionarios del área.

Intervención asegura que las alegaciones presentadas son genéricas y desconocen la forma de trabajar de los servicios de fiscalización. Dice que, en ningún caso, se podría haber realizado un control previo de contratos menores irregularmente fraccionados. Y asegura que en este tipo de encargos el servicio no tiene que comprobar el desarrollo material de los trabajos, cosa que sí hace en los contratos mayores. Intervención va a la calle y comprueba que está arreglada.

La alegación ha quedado rechazada porque, dice la explicación, no aporta ningún documento, hecho o justificación precisa sobre por qué cuatro contratos (dos de alumbrado y dos de colocación de climatizaciones) fueron troceados para elegir a las empresas candidatas. Tampoco explica por qué se encontraron sobrecostes en cuatro de los cuatro contratos analizados o errores de procedimiento.