Así son los hechos por los que el fiscal cree que hubo delito en la Unidad de Alumbrado de Córdoba

La fiscal que ha estudiado una enorme cantidad de folios explica que existen tres grandes bloques de hechos que aconsejan mandar el caso a un juzgado de insrucción para que actúe. Por economía procesal, todo indica que acabará en una causa única en el juzgado que dirige el magistrado Rodríguez Laínz. Hay un funcionario señalado, el jefe de servicio de alumbrado. Una cosa menos conocida es que los seis empresarios presuntamente beneficiados aparecen en el texto del fiscal como posibles cooperadores necesarios. Estos son los grandes bloques que sustentan la acusación.

El primer gran bloque de la investigación consiste en la compra de luminarias. De las luces que se colocan en las farolas. Los pliegos elaborados por el jefe del servicio, explica la fiscal, se realizaban siempre estableciendo una marca y un modelo muy concreto de lámpara. El Ministerio Público realiza un recorrido por un variado número de contratos. En la mayor parte, la empresa contratista no puede elegir entre modelos que den unas prestaciones. Tiene que asumir una marca. La denuncia explicaban que, para adquirir ese tipo concreto de material, había que acudir a un solo distribuidor.

Las buenas prácticas en la elaboración de proyectos dictan siempre que no se den marcas comerciales para introducir. En este caso, explica el fiscal, se usaban hasta las mediciones que aparecen en los documentos de la empresa que comercializa esas lámparas. Y se desliza que la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, asesorada por el funcionario, no recibía los informes correctos para elegir entre las empresas concurrentes.

Los sistemas de alumbrado son bastante complejos y precisan de una tecnología para controlarlos a distancia. Hasta hace años, era una dotación que no se usaba pero se han ido incorporando a la red. Hasta 2012, la empresa que facilitaba esos equipos era una. En ese momento, cambió y se eligió siempre el mismo sistema de la misma empresa que es una adaptación de un software libre.

Como ocurría con las luminarias, se indicaba en los pliegos de las obras de alumbrado que el cuadro de mando tenía que ser de una marca y un tipo concreto. Hasta el punto de que en 2016 las empresas que recibían contratos municipales se quejaron de que el precio que se les cobraba era gravoso en algunas empresas y no para una de ellas. En la reunión, no se llegó a un acuerdo y los pliegos volvieron a pedir dos tipos de cuadro de mando que proporcionan dos empresas distintas.

Ya en el actual mandato, se renovó toda esa tecnología en un concurso en la que participaron una empresa instaladora y, como supuesta competencia, la firma cordobesa que le proporciona el software. La tercera empresa que optaba al contrato fue rechazada por motivos técnicos. La fiscal entiende que se debería haber realizado una consulta preliminar de mercado, un procedimiento creado para hallar la mejor solución tecnológica disponible.

La reflexión que hace la Fiscalía es que todo quedaba en manos de una sola persona. Un solo funcionario realizaba los proyectos, redactaba los pliegos e informaba a la Mesa de Contratación de los aspectos técnicos. Por ello, entiende que se debe investigar una supuesta prevaricación (cometer un acto injusto a sabiendas) y tráfico de influencias (dada la coexistencia de intereses de las personas denunciadas).

Desde el punto de vista del fiscal, la Mesa de Contratación (formada por altos funcionarios municipales) fue «instrumentalizada» para que decidiese lo que el trabajador del Consistorio investigado quería que se decidiese. Explica además que tuvieron lugar reuniones previas entre el alto cargo de Infraestructuras y las empresas, que tenían un conocimiento privilegiado de lo que iba a ocurrir.