Intervención encuentra sobrecostes similares en cuatro contratos de Infraestructuras en Córdoba

Intervención inició el estudio de estos contratos de 2020 que, a la postre, acabarían en manos del juzgado de instrucción número cuatro. La gran aportación del documento, que tiene una redacción provisional porque se encuentra en fase de alegaciones, es que detecta que los contratos (que fueron fraccionados para controlar a la empresa que los ejecutaba) fueron presuntamente inflados mediante la aplicación de unidades de obra que nunca llegaron a instalarse. Inflados con grandes similitudes.

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Hasta el momento, todos los documentos que se conocen del juzgado se ciñen a cuestiones procedimentales. Una exalto cargo municipal y un técnico de la casa están imputados, presuntamente, por trocear los contratos por debajo de los 40.000 euros y por simular que se habían vigilado. El informe de Intervención, adelantado por Cordópolis, entiende también que la presunta mala praxis le costó dinero a la ciudad. Intervención no entra al destino del dinero pero sus números sí permiten hacerse una idea: en torno a un tercio del dinero de los contratos no tiene justificación alguna.

El servicio municipal de Intervención no tiene capacitación técnica para realizar el análisis de proyectos. Por ello, se ha incluido en el estudio una auditoría técnica de los contratos por parte de un ingeniero determinado por el Colegio correspondiente. Y los sobreprecios encontrados presentan un canon. Se han estudiado dos contratos de colocación de luminarias que presentan un sobreprecio del 22 y el 29 por ciento respectivamente. Además, se han estudiado dos compras de equipos de climatización que tienen el mismo sobreprecio: el 32 por ciento.

Eso quiere decir que proyectos que rozaban siempre los 48.000 euros (40.000 más impuestos) tenían unas cantidades que no aparecen justificadas que van desde los 10.000 a los 15.000 euros. En el caso, de las obras de alumbrado son directamente unidades de obra que no se ejecutaron. En el caso de las adquisiciones de aparatos de aire acondicionado, el sobrecoste, dice el informe, no se cargaba en la tecnología propiamente dicha sino en supuestos trabajos de instalación, carga o pruebas así como en la creación de elementos dependientes del aparato adquirido.

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Que los contratos estaban fraccionados se sabía desde que lo detectó el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. Lo que no se sabía es que el método había sido burdo hasta extremos difíciles de pensar. Las obras previstas se habían establecido en la avenida de Libia. Para dejarlo dentro de contratos menores, se optó por hacer dos proyectos en función de cada tramo de la calle dándole el nombre de vías menores. El problema es que ni siquiera hubo un intento de ocultación. Si había que poner 36 luminarias, el primero proyecto las enumeraba de la L1 a la L18. El segundo proyecto las numeraba de la L19 a la L36. Si fuera proyectos distintos, serían de la L1 a la L18 en ambos casos.

Tampoco obra en favor de los investigados las trazas de los documentos técnicos que se firmaron con apenas unos minutos de diferencia. Las empresas invitadas eran las mismas que presentaban unas ofertas con apenas unos euros de diferencia. Se les comunicaba todo por correo electrónico a pesar de que ya era posible subirlo a una plataforma de consulta pública. Desde que se detectó este caso, está prohibida la comunicación por correo de los licitadores.

Intervención ha detectado que también se integraban en los proyectos técnicos marcas y modelos concretos. Las luminarias tenían que ser de un modelo específico entre todos los que se encuentra en el mercado. Los aparatos de aire acondicionado, de una marca también. Intervención ha vuelto a pedir que no se haga porque es ilegal. Que se incluya la posibilidad de modelo equivalente y se realice una descripción técnica de las necesidades.

La conclusión de la Intervención es que era una práctica habitual en Infraestructuras tirar del contrato menor para reducir trámites y mantener el control sobre los proveedores. Lo sabe porque se detectaron contratos similares, siete, en 2019. Son conclusiones similares a las que han llegado la Fiscalía, Asesoría Jurídica y los denunciantes (IU y Podemos, en esta parte del caso Infraestructuras). Intervención no realiza calificaciones de los hechos aunque sí advierte que el asunto debe tener consecuencias. El texto se elevará a definitivo en el supuesto de que no haya alegaciones o que sean rechazadas las presentadas. El informe final se tendrá que presentar ante el Pleno.