El Gobierno presume de avanzar en la expropiación del Algarrobico, pero el derribo sigue sin fecha

El proceso aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2025 afecta solo al 40% del hotel, es decir, a la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, la tramitación avanza a un ritmo mucho más lento del que anunció la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando aseguró que el derribo parcial podría realizarse en cinco meses. Una promesa que se ha visto superada por la maraña burocrática y judicial que envuelve al edificio desde hace más de dos décadas.

El expediente de ocupación de los suelos sigue su curso al tratarse de terrenos incluidos en la franja de servidumbre de protección del litoral. El siguiente paso será fijar el denominado justiprecio del inmueble, es decir, el valor que el Estado deberá abonar a la promotora para hacerse con los terrenos en beneficio del interés general. Para ello, el Miteco espera la propuesta de Azata, aunque la empresa aún puede recurrir la necesidad de ocupación en los tribunales, una maniobra que volvería a alargar los plazos.

La posibilidad de nuevos recursos no es menor. El Ayuntamiento de Carboneras aprobó hace apenas un mes la revisión de la licencia de obras otorgada en 2003, trámite indispensable para la demolición completa según estableció el Tribunal Supremo en diciembre de 2022. Esta es la vía en la que la Junta de Andalucía ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años, considerando que es la única fórmula jurídica sólida para poner fin a este 'mastodonte' urbanístico levantado en un espacio no urbanizable y de especial protección.

Para el Gobierno andaluz, la responsabilidad recae en el Consistorio carbonero, que debe declarar nulo el permiso de obras que mantiene en pie al hotel. Aunque los tribunales han ratificado en varias ocasiones que la construcción es ilegal, el edificio conserva un título jurídico válido mientras esa licencia no sea anulada. Se da la paradoja de que un inmueble erigido en plena franja litoral, en suelos protegidos y con planeamientos urbanísticos declarados nulos, sigue resistiendo sobre la base de un permiso municipal otorgado hace más de veinte años.

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero de 2025 supuso la expropiación de aproximadamente la mitad de los 32.654 metros cuadrados que ocupa el hotel. Esa parte corresponde a los terrenos situados dentro de la servidumbre de protección del litoral. La otra mitad del complejo se adentra en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ámbito en el que la Junta de Andalucía es la administración competente. El Gobierno andaluz ha descartado hasta ahora la vía expropiatoria, insistiendo en que la única solución pasa por anular la licencia de obras.

Desde el Ejecutivo central se defiende la necesidad de ocupar la parte del hotel que invade el dominio público marítimo-terrestre para proceder a la expropiación forzosa y facilitar así el derribo. Frente a ello, Azata del Sol alegó en mayo que los terrenos no estaban correctamente delimitados y que el procedimiento carecía de garantías legales. Incluso presentó un informe pericial para tratar de demostrar supuestas deficiencias técnicas. La Abogacía del Estado respondió con un nuevo informe de la Dirección General de la Costa y el Mar que avala la validez del proceso.

Pese a la trascendencia del expediente, la promotora mantiene un perfil bajo en el plano público. Aunque se ha intentado recabar su versión, Azata del Sol elude hacer cualquier tipo de manifestación a la prensa sobre el proceso. Poco antes de conocer la sentencia del Supremo en 2022, José Domingo Rodríguez González, hijo del presidente del grupo, en declaraciones a ABC, defendió sin reproches su proyecto: «Al levantar el hotel solo hicimos lo que habían aprobado todas las administraciones».

La organización Greenpeace ha valorado positivamente el rechazo del recurso de la promotora, aunque advierte de que solo supone un paso parcial. Reclama a la Junta que actúe en su ámbito y expropie también la parte del inmueble que invade el Parque Natural. «Sería un absurdo que solo se derribe una parte», señaló María José Caballero, responsable de campañas de la organización. La ONG considera el Algarrobico «el símbolo de la especulación y el desprecio a las costas» y subraya que la demolición debe marcar un antes y un después en la gestión del litoral.

Greenpeace recuerda que la mole de hormigón comenzó a construirse en 2003 y desde entonces ha sido objeto de múltiples sentencias que han confirmado su ilegalidad. Sin embargo, dos décadas de pasividad política han mantenido en pie el edificio. «Frente a la inacción de las administraciones, la ciudadanía nunca se ha rendido», recalcó Caballero, destacando el papel de movimientos sociales y asociaciones en la denuncia continuada de lo que consideran «un monumento a la corrupción urbanística».

En julio de 2025, la Junta de Andalucía dio un paso más y se personó en el procedimiento expropiatorio abierto por el Miteco. Lo hizo, según explicó, tras más de cinco meses sin recibir información sobre el expediente, pese a haberla solicitado de forma reiterada. El Gobierno andaluz quiere «ejercer un papel activo» y conocer los actos previstos en el proceso, defendiendo que su incorporación no busca obstaculizar, sino reforzar el compromiso con la demolición y la restauración ecológica.

La Junta recuerda que Montero prometió en febrero que el hotel sería derribado en cinco meses, un plazo ya vencido sin avances tangibles. Al mismo tiempo, reprocha al Ayuntamiento de Carboneras la lentitud con la que ha abordado la revisión de oficio de la licencia, demorándola durante tres años pese a la insistencia autonómica. Solo recientemente, tras aprobarse el inicio del trámite, la Administración regional se ha personado en el expediente para defender la nulidad del permiso.

Además, el Ejecutivo andaluz ha consignado en los Presupuestos de 2025 una partida de un millón de euros destinada al desescombro y a la renaturalización del entorno, dejando claro que el compromiso económico y jurídico es firme. «El hotel no puede permanecer en pie en un espacio protegido», subrayan, reclamando decisiones «responsables y sostenibles» frente a promesas sin recorrido.

Mientras se resuelven los recursos y contrarrecursos, el Algarrobico sigue en pie. Sus 20 plantas y más de 400 habitaciones incompletas dominan aún la playa de Carboneras, convertido en símbolo de la especulación urbanística y de la dificultad de las administraciones para actuar con eficacia frente a los abusos del pasado. Gobierno, Junta, Ayuntamiento, tribunales y colectivos sociales coinciden en el objetivo final: su demolición y la recuperación ambiental del paraje. Ahora falta saber cuándo, una pregunta que desde la paralización en 2006 de la construcción sigue sin respuesta.