La promotora del Algarrobico: «Al levantar el hotel solo hicimos lo que habían aprobado todas las administraciones»

José Domingo Rodríguez Losada, de 84 años, es propietario y presidente del imperio Azata que cuenta con varias divisiones dedicadas a la inversión y promoción inmobiliaria principalmente en Málaga, Madrid y Salamanca. La familia que apostó en 1999 por una zona virgen del parque natural Cabo de Gata-Níjar se encuentra en el top de los millonarios de España. Su imagen no está registrada en internet, no conceden entrevistas de televisión ni admiten fotografías.

Con todo aprobado, compraron los terrenos y desarrollaron lo que tres administraciones habían acordado: Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía y la Dirección Provincial de Costas. Un macro hotel de veintiuna plantas y 411 habitaciones frente a la costa de Carboneras en terrenos del parque natural.

A solo 50 metros de la línea de costa se hicieron con 16,2 hectáreas de suelo por 2,3 millones de euros. La promotora obtuvo la licencia municipal y consiguió los informes favorables para el desarrollo urbanístico conforme a la planificación.

Cuando el hotel se encontraba al 95% de su construcción, en 2005 un juzgado de Almería resolvió paralizar las obras. La asociación 'Salvemos Mojácar' fue la primera en denunciar, se sumaron otras organizaciones ecologistas. A partir de aquí se inicia un periplo judicial que por el momento no tiene fin 17 años después.

Ahora, José Domingo Rodríguez González, hijo del presidente del grupo, está al frente. En declaraciones a ABC, defiende sin reproches su proyecto: «Al levantar el hotel solo hicimos lo que habían aprobado todas las administraciones».

Azata se encuentra a la espera de una nueva resolución del Tribunal Supremo. «Confiamos que actúen con coherencia con la situación que se ha generado. Cuando compramos los terrenos la planificación urbanística llevaba aprobada once años, pero resulta que no era acorde con la legalidad», puntualiza

Carboneras y Azata se quedaron sin su hotel. Tras idas y venidas, sentencias y fallos anulados, el Tribunal Supremo estipuló en 2016 que se trataban de terrenos protegidos. Anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tan solo dos años antes decretó que la licencia concedida era conforme al derecho y no violaba la Ley de Costas ni la normativa que protege la zona natural.

Casi dos décadas de litigios con protagonistas destacados como la organización Greenpeace. Azata denunció los daños de 28 activistas, aunque dicen que fueron un centenar, que en 2014 en una acción reivindicativa pintaron un gran punto negro la fachada del edificio con la leyenda 'Hotel Ilegal'. El juicio se celebrará en julio del próximo año y la promotora pide una responsabilidad civil y subsidiaria de 186.000 euros.

Pocos días después, un grupo de vecinos de Carboneras accedió al hotel y elimino con pintura la 'i' de ilegal. Desde el Consistorio defendieron hace una década la apertura del complejo porque «daría mucho trabajo a una población muy castigada por la crisis». La promotora les prometió 150 empleos directos exclusivamente para gente de la localidad.

Tras todo este tiempo y una maraña judicial que parece interminable, ha resultado que la licencia urbanística estaba bien adaptada a la planificación que habían hecho las tres administraciones. Justo esta planificación era lo que no se adaptaba a la legalidad y por eso el Supremo la anuló.

Antes de comprar, el grupo inversor corroboró la existencia de un planeamiento para acometer una gran zona hotelera y turística. «El planeamiento que aprobó el Ayuntamiento de Carboneras tenía los informes favorables, con todo eso, decidimos desarrollar la planificación», añade José Rodríguez.

Desde la promotora las expectativas no son positivas ni negativas. Aceptan lo que ha marcado el Alto Tribunal porque «no tiene vuelta de hoja». El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 fue revisado por las administraciones en 1996 y ratificado por el Consistorio carbonero, Junta de Andalucía y Costas con un documento positivo para la adaptación a la nueva normativa.

«No tenemos por qué llegar a ser víctimas si el Supremo dicta una sentencia coherente con la situación que entendamos nosotros y también la sociedad. Aunque aparentemente la Administración pueda sufrir un perjuicio porque nos tiene que indemnizar. Si no se hace así se podrían crear situaciones a futuro mucho más perjudiciales. Como ciudadanos hemos cumplido con la Ley», afirma.

Todo este galimatías se debe «a un problema puntual de las administraciones». Así lo defienden desde Azata, pero «si no se soluciona, el daño será irreversible». Respecto a la indemnización, que se valoró hace años, aportaron a todos los organismos públicos las cantidades que supuso la pérdida del suelo, por la ejecución del derecho de retracto efectuada por la Junta, y de la edificación.

Lo cierto es que la promotora no ha recibido ninguna sanción por su proyecto, pero tampoco una compensación económica por la paralización. Demandaron a las tres administraciones casi 100 millones de euros, una petición que la Audiencia Nacional rechazó en 2021.

Rodríguez González es tajante: «Nuestra actuación se ajustó a la normativa vigente, lo que se ha anulado fue el planteamiento urbanístico, no nuestro desarrollo». Por ello, confían en obtener una resolución por parte del Supremo «que seamos capaces de entender».

Otra de las partes implicadas, y no menos importante, el Ayuntamiento de Carboneras ha solicitado más tiempo para poder modificar el planeamiento urbanístico de la zona. Una petición que le impuso el Alto Tribunal Andaluz con multas de 250 euros diarios a su alcalde si no se lleva a cabo. Nada se ha materializado por el momento.

La fecha de derribo del hotel sigue siendo una incógnita. El pasado ejercicio la Junta de Andalucía incluyó una partida económica para ello, que vuelve a introducir en los presupuestos aprobados para 2023. Según Greenpeace, el coste total se estima en 30 millones de euros. La demolición y desescombro correspondería al Estado y la restauración ambiental a la administración autonómica. Eso sobre el papel, porque sobre el terreno todo sigue igual.