El Gobierno espera contar con los terrenos de El Algarrobico «durante este año» y pide a Azata que ponga precio al hotel

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, acuerda aprobar con carácter «definitivo» los 16.432 metros cuadrados de «suelo no urbanizable» en los que se asienta la parte del edificio que invade el dominio público marítimo-terrestre como bien a ocupar en la expropiación forzosa.

De este modo, insta a Azata del Sol, como «única interesada» en la expropiación, a proponer un precio que propicie la adquisición «por mutuo acuerdo» del edificio, formule la respectiva hoja de aprecio y haga una propuesta mediante la que fijar los criterios de valoración.

El acuerdo, sobre el que cabe recurso de alzada, supone la expropiación de solo una parte de los 32.654 metros que ocupa toda la superficie del hotel enclavado en el sector ST-1, cuya otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio y sobre la que la propia Junta pidió al TSJA que declarara un plazo «final y perentorio» para que ejecutar la sentencia que ordena la revisión de ese permiso municipal.

A través de la resolución, el delegado de Gobierno en Andalucía apunta que, con lo actuado hasta la fecha, queda «demostrada» la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa que se fijó en el plazo de cinco meses desde febrero.

A preguntas de los periodistas en Sevilla, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha manifestado que el Gobierno confía en que el proceso expropiatorio pueda culminar «a lo largo de este año» y se pueda actuar en la zona sobre la parte del hotel en la que el Gobierno tiene capacidad, tal y como defiende.

La ministra considera que el Ejecutivo podrá seguir adelante en el proceso más allá de que Azata del Sol interpusiera un recurso contencioso-administrativo sobre el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de febrero por el que se iniciaban los trámites para declarar de utilidad pública la actuación.

En este sentido, el Gobierno defiende su legitimidad para efectuar la expropiación a través de este acuerdo que, según sostiene la Abogacía del Estado, es «plenamente ejecutivo» puesto que «no consta la petición de suspensión de dicho acuerdo» por parte de la promotora del hotel.

Azata del Sol alegó el pasado 12 de mayo al procedimiento de expropiación de cara a intentar anular el procedimiento al entender, entre otras cuestiones, que los terrenos a expropiarse no estaban bien delimitados y no se reflejaban todos los datos en relación al inmueble. La propia promotora llegó a aportar un informe pericial para tratar de evidenciar la «incorrecta» descripción.

De igual modo, desde la mercantil se cuestionaba si el procedimiento reunía las suficientes garantías legales al tiempo que contemplaba cierta falta de justificación a la hora de expropiar los terrenos.

Frente a ello, la Abogacía del Estado elaboró un nuevo informe preceptivo a partir de un documento técnico encargado a los servicios técnicos de la Dirección General de la Costa y del Mar para respaldar la necesidad de ocupación esgrimido para validar el proceso.

En este sentido, desde el Gobierno defienden la correcta identificación de los suelos a expropiar al delimitar tanto su ubicación como la parte correspondiente al terreno afectado por la Ley de Costas, al afectar a una zona litoral, y que está ocupado por gran parte del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas a medio construir.

Así, defiende la imposibilidad de mantener el inmueble en el lugar en el que se encuentra al tratar se de un suelo declarado no urbanizable y que, además, ha sido declarado judicialmente como espacio natural protegido, más allá de que el permiso por el que se autorizó la construcción no haya sido aún anulado.

Recalca así que el uso y destino del hotel es «incompatible» tanto «con la zona de servidumbre de protección» como en su «inclusión en el área del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)» de Cabo de Gata.