El bucle del hotel El Algarrobico: veinte años de sentencias ignoradas

Dentro de todo este periplo judicial de más de veinte años, el Tribunal Supremo determinó en 2023 que no habría derribo sin anulación de la licencia, que sigue vigente actualmente. Un callejón sin salida en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es otro de los actores principales. En repetidas ocasiones ha obligado al Ayuntamiento de Carboneras a iniciar el expediente de revisión de oficio del permiso de obras, pero después de años este trámite sigue en el limbo.

A lo largo de los últimos lustros, el Alto Tribunal Andaluz ha emitido fallos sobre la irregularidad de la construcción y la licencia. Ha dictado fallos en los que ha dado la razón tanto a ecologistas como a la Junta de Andalucía, pero la realidad es que El Algarrobico sigue a pie de playa, concretamente a 14 metros. Una macro construcción de 21 plantas, 411 habitaciones, que lleva a sus espaldas más de 40 sentencias que demuestran su ilegalidad.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se desplazó en febrero de 2025 hasta el hotel para anunciar a bombo y platillo que el Estado expropiaría los terrenos y que en cinco meses se demolería. Su estrategia de embargo se basa en la Ley de Costas, pero prácticamente la mitad de la construcción no es competencia estatal. Pidieron a la Junta de Andalucía, responsable de la gran parte de los suelos protegidos donde se asienta, que se sumara, una medida que ha sido desechada por la administración autonómica por temor a entrar en una nueva espiral judicial.

Mientras, el TSJA sigue mandando nuevos apercibimientos al Ayuntamiento de Carboneras para que revise la licencia. El permiso sigue vigente, y no se puede derribar el hotel. La cuestión principal es que si el Consistorio carbonero anula la licencia se puede enfrentar al pago de la indemnización a Azata del Sol, algo que dejaría en bancarrota infinita a la localidad.

El último aviso del TSJA al Ayuntamiento de Carboneras se ha dado a conocer este 29 de marzo. Se insta al alcalde carbonero de Ciudadanos, Salvador Hernández, a incoar el procedimiento para revisar de oficio la licencia y cumplir con la sentencia que le dirige, en principio, a anularla. La Sala ha acordado esta providencia a raíz de la petición formulada en diciembre por la promotora Azata el Sol.

Ya en febrero de 2024 se pidió lo mismo al anterior alcalde del PP Felipe Cayuela para iniciar el expediente. De igual forma se hizo en 2023 y 2022 con el alcalde socialista José Luis Amérigo. Con esta nueva notificación, se establece como fecha límite el 10 de abril para acreditar ante el tribunal que se ha incoado el expediente de revisión de oficio ante el apercibimiento de que, si desobedece, podría imponerle multas coercitivas de 150 a 1.500 euros o incluso deducir testimonio ante una eventual responsabilidad penal.

La ponente María Isabel Moreno Verdejo se limita en su resolución a adoptar esta medida sin pronunciarse sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del principio de identidad, dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo. Actualmente,el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo como alcalde del único edil de Ciudadanos.