Gallardón replica a Francia que las tesis socialistas sobre el aborto «son pasado»
Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia - reuters

Gallardón replica a Francia que las tesis socialistas sobre el aborto «son pasado»

La portavoz del Gobierno galo envía una carta al ministro de Justicia en la que critica con dureza la nueva ley

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recordó ayer domingo al Gobierno francés que las tesis de los socialistas sobre el aborto «son cosa del pasado» y que están en minoría en Europa, como se comprobó en el Parlamento Europeo el pasado 12 de diciembre, cuando perdió la propuesta de la diputada socialista portuguesa.

El titular de Justicia respondía así, en declaraciones a ABC, a la reacción de la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Ejecutivo galo, Najat Vallaud-Belkacem, quien, en un duro ataque a la reforma de la ley del aborto aprobada por el Consejo de Ministros el viernes, asegura en una entrevista a varios medios: «Es terrible ver que en un país como España, que en estos últimos años se había convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres (...), vaya a tener un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio».

La ministra, que afirma que el mismo viernes envió una carta a Ruiz-Gallardón con estas críticas, cree que la reforma es «inquietante» y un ejemplo de que «los derechos de las mujeres nunca están conseguidos de forma definitiva».

Tras hacerse públicas los ataques del Gobierno francés al Ejecutivo de Rajoy por la reforma recién aprobada, ABC se puso en contacto con el ministro de Justicia. Ruiz-Gallardón explicó, en primer lugar, que no tenía constancia de esta misiva, pero sí una respuesta contundente a las críticas recibidas. Así, subrayó que las tesis defendidas por los socialistas «fueron derrotadas en el Parlamento Europeo» hace solo unos días. «La propuesta de la diputada socialista portuguesa perdió. Son el pasado y la minoría en Europa. Y si hacen esto es porque la ley española va a generar un debate en toda Europa. Estoy convencido de que muchos países van a revisar sus legislaciones», aseguró.

De hecho, el propósito del Gobierno de Rajoy es «internacionalizar» el debate sobre la reforma de la ley del aborto para que el resto de legislaciones europeas se adapten también a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los discapacitados, uno de los principales ejes de la reforma del Gobierno, en la que se elimina el tercer supuesto previsto en la ley del aborto de 1985: las discapacidades o malformaciones en el feto ya no son una causa por sí solas para poner fin a la vida del no nacido. El Ejecutivo también quiere explicar a Europa el reconocimiento del nasciturus como bien jurídico y cómo sus derechos han de equilibrarse a los de la mujer embarazada.

Sin reproche penal

En la defensa de la reforma que el Gobierno quiere hacer en Europa pondrá de relieve una novedad: el hecho de que en ningún caso se castigará penalmente la conducta de la mujer.

La decisión de llevar al Parlamento Europeo la futura Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada (como se llamará la nueva ley del aborto) se tomó el mismo viernes, justo después del Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habló con el presidente, Mariano Rajoy, que se encontraba entonces en Bruselas, antes de comparecer ante los medios de comunicación para explicar el contenido de la reforma.

Según confirmó Ruiz-Gallardón, será el Grupo Parlamentario Popular Europeo el que se encargará de abrir este debate, y previsiblemente lo hará en marzo. El objetivo de los populares es escenificar en Europa la minoría en la que se encuentran los socialistas en este asunto.

Es la primera vez que las tesis socialistas son rebatidas en este escenario. De hecho ni siquiera Aznar lo hizo con la ley de indicaciones de 1985. Aquella legislación contemplaba, a diferencia de la reforma actual, tres supuestos bajo los que se podía poner fin a un embarazo. Esa norma sí incluía las malformaciones en el feto. Entonces había una diferencia: España no estaba vinculada por la Convención de la ONU que señala en su artículo 10 que «los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».

Tampoco lo estaba por la recomendación de la ONU de que, en referencia a esa convención, se suprimiera la distinción hecha en la ley Aído en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se ponga fin a un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente.