Los Veintisiete acuerdan la reforma del mercado eléctrico con la oposición de Hungría

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J. G. N.

La propuesta, que debe de ser negociada con el Consejo y la Comisión Europea, rechaza limitar los ingresos de hidráulicas, nucleares y renovables

Fuentes comunitarias han informado a Ep de que la propuesta ha permitido, por un lado, los contratos por diferencia (CFD) para las instalaciones existentes en caso de inversiones para aumentar su capacidad o repotenciarlas y, por otro, garantizar la evaluación de la Comisión con arreglo a la legislación sobre ayudas estatales y velar por que se evite cualquier distorsión de la competencia.

Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce, lo que reduce la volatilidad en los precios.

Los Veintisiete han acordado que estos contratos bidireccionales por diferencia sean el modelo obligatorio utilizado cuando se trate de financiación pública en contratos a largo plazo y se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica y la energía nuclear, lo que proporcionaría "previsibilidad y certidumbre".

Las normas para los contratos por diferencia solo se aplicarían después de un periodo transitorio de tres años -cinco años para los proyectos de activos híbridos 'offshore' conectados a dos o más zonas de licitación- después de la entrada en vigor del reglamento, con el fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso. Al mismo tiempo, los ingresos derivados de estos contratos se redistribuirían a los clientes finales y también podrían utilizarse para financiar los costes de los sistemas de sostenimiento directo de los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales.

Esto significa que "todos los regímenes de apoyo de precios para activos, ya sean nuevos o existentes, van a tener que atenerse a un diseño claro", ha explicado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien ha celebrado el acuerdo sobre una reforma que hará que el mercado sea "más predecible" para el sector eléctrico y, en consecuencia, ofrezca "mayores beneficios" y abra espacio para las tecnologías limpias. "Es un gran paso adelante y funciona para los Veintisiete", ha apostillado.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia del diseño del mercado de la electricidad de la UE, que también incluye un reglamento centrado en mejorar la protección contra la manipulación del mercado mediante una mejor supervisión y transparencia (REMIT), que los Veintisiete acordaron en junio.

Ribera, que dijo antes de comenzar la reunión que llegarían a un acuerdo "aunque tengamos que quedarnos a cenar o a dormir", afirmó en la rueda de prensa posterior que el nuevo reglamento "protege al consumidor ante posibles situaciones de emergencia, fortalece la transparencia y respecta el mercado interior de la energía".

Los expertos afirman que España sacrifica sus intereses para salvar el acuerdo. Los CFD como esquema de apoyo directo serán solo para inversiones nuevas en nuevas centrales. Pero habrá CFD aplicables a plantas existentes, supervisadas por la Comisión. Es decir, que Francia, con matices, sale airosa de esta reunión. Las mismas fuentes indican que Alemania no quiere que las nucleares francesas pueden vender energía por debajo de lo razonable (con apoyo de los CfD) y atraer así a la industria que ahora está instalada al otro lado del Rhin.

Pendientes de analizar el texto pactado, parece que habrá elementos para satisfacer a ambas partes. Y al mismo tiempo, según los expertos, todo puede volver a saltar por los aires en cuanto alguien toque una mínima coma del texto en la negociación en trílogos (grupos que se forman para cada una de las propuestas legislativas. En ellos participan tres miembros: uno de la Comisión, uno del Parlamento, y la Presidencia del Consejo).