El Parlamento Europeo rebaja las expectativas de Ribera y del ponente Casares sobre la reforma del mercado eléctrico

En cualquier caso, el texto aprobado por los eurodiputados no es tan ambicioso como pretendía en su versión inicial Nicolás González Casares, procedente del socialismo gallego, sanitario y uno de los fieles de Sánchez desde que se hizo con las riendas del partido. El ponente español defendía, por ejemplo, imponer un límite a los ingresos de las tecnologías inframarginales, como las energías renovables.

Al inicio de las negociaciones, entre 2022 y principios de 2023, el Gobierno español y en particular el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por la vicepresidenta Teresa Ribera, aspiraban a una reforma de gran calado del actual sistema marginalista de formación de precios de la electricidad. Sin embargo, a la vista del texto consensuado en el Parlamento y por el estado de las negociaciones en el Consejo, todo apunta a que la reforma terminará siendo más suave y alejada de los planteamientos intervencionistas que han motivado en los últimos meses las críticas de otros estados miembros y de patronales como Eurelectric, SolarPower Europe, WindEurope y BusinessEurope.

La sesión ha servido además para autorizar a los negociadores de la Eurocámara a dar inicio a las negociaciones interinstitucionales, conocidas como trílogos, en las que los eurodiputados buscarán un acuerdo con el Consejo, presidido por España durante el segundo semestre. Esta decisión ha contado con 47 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones.

A la espera de que las elecciones del domingo aclaren el panorama político a nivel nacional, se da la circunstancia de que España y el PSOE podrían estar a ambos lados de la mesa, con González Casares defendiendo el texto del Parlamento y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez liderando la posición del Consejo, que aún está pendiente de un acuerdo definitivo tras el intento fallido de la semana pasada en la reunión de ministros de Medio Ambiente y Energía en Valladolid.

González Casares ha subrayado que esta revisión «pone las bases para actuar de emergencia ante crisis de precios como la vivida recientemente, prohíbe que se corte la luz a las personas más vulnerables y avanza en nuevos derechos, como el de compartir energía y vender los excedentes a particulares o a empresas».

En sus enmiendas al proyecto de ley, los eurodiputados proponen reforzar aún más la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios y piden que estos tengan derecho a contratos de precio fijo o dinámico y a más información clave sobre las opciones a las que se suscriben, al tiempo que piden que se prohíbe a los proveedores poder cambiar unilateralmente los términos de un contrato.

El objetivo es garantizar que todos los consumidores, así como las pequeñas empresas, se beneficien de precios estables, asequibles y a largo plazo y mitigar el impacto de las subidas repentinas de precios.

Los eurodiputados también abogan por que los países de la UE prohíban a los proveedores cortar el suministro de electricidad de los clientes vulnerables, incluso durante disputas entre compañías y usuarios, y evitar que los proveedores exijan a estos clientes que utilicen sistemas de prepago.

Asimismo, la comisión parlamentaria ha apoyado un uso más amplio de los contratos por diferencia -cuando una autoridad pública compensa al productor si los precios caen pero le cobra si incrementan-- para fomentar las inversiones en energía y sugiere dejar la puerta abierta para esquemas de apoyo equivalentes.

Los eurodiputados también han destacado la importancia de los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) para proporcionar a los consumidores precios estables y a los proveedores de energía renovable ingresos fiables. La Comisión Europea tiene la tarea de establecer un mercado para los PPA para fines de 2024.

En sus enmiendas, los eurodiputados han ajustado además los criterios para declarar una crisis de precios de la electricidad para asegurarse de que haya medidas concretas para proteger mejor a los ciudadanos y las empresas.

De igual modo, han abogado por la «flexibilidad no fósil» -la capacidad de la red eléctrica para adaptarse a los cambios en la oferta y la demanda sin depender de los combustibles fósiles- y la flexibilidad en el lado de la demanda, por ejemplo, mediante el uso de sistemas de baterías domésticos, lo que creen que puede ayudar a equilibrar la red eléctrica, reducir las fluctuaciones de precios y capacitar a los consumidores para adaptar su consumo de energía a los precios y sus necesidades, informa Ep.