Trece millones de empleados deben tener un plan de pensiones en cinco años

Los planes de empleo promovidos por el Gobierno con gestión privada fueron una de las grandes apuestas del exministro José Luis Escrivá, pero más de un año después de su constitución el fondo de promoción pública que debía incluir los planes de pensiones de empleo que ofrecen las cinco entidades privadas que se encargan de la gestión no ha despegado; ninguno se ha adherido a los macrofondos diseñados por el que es hoy gobernador del Banco de España. Una situación que se produce en la cuenta atrás para cumplir con los compromisos suscritos en el Plan de Recuperación.

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Gonzalo D. Velarde

Los objetivos que rubricó el Gobierno con Bruselas fueron muy ambiciosos. Cuando se puso en marcha la reforma de pensiones, a comienzos de 2022, se partía de cifras de beneficiarios de planes de empresa bajos; apenas un 8,5% de los trabajadores contaba con un plan de pensiones de empresa, pero tres años después el porcentaje ha dado pasos tímidos hasta situarse en el 13% de los ocupados. De poco más de 1,9 millones de beneficiarios se ha pasado a algo más de 2,6 millones. Las cifras son muy raquíticas si se tiene en cuenta que la población cubierta por estos planes complementarios vinculados al empleo deben situarse en 13 millones en 2030 y extenderse al 80% de la población activa ocupada en el largo plazo.

El mismo salto deberán dar los activos que están bajo gestión en relación al Producto Interior Bruto, según el compromiso adquirido con las autoridades comunitarias. De menos del 3% del PIB que representaban a principios de 2022 deberán pasar al 9% al final de esta década, a un 18% en 2040 y un 31% en 2050. Este porcentaje último ya se considera un complemento de la pensión pública relevante para los expertos.

En el actual escenario de desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, y en pleno desembarco de la generación del 'baby boom', estas fórmulas de ahorro cobran cada vez más protagonismo y son cada vez más las voces que abogan por su obligatoriedad. Uno de los últimos en transitar por esta vía es un estudio publicado por el Instituto Santalucía titulado «Claves para el crecimiento del las pensiones del sistema de empleo en España: una visión comparativa», en el que se reconoce que la Ley 12/2022 fue un primer paso que requerirá de una continuidad en el futuro, «no solo modificando y matizando lo que no funciona en la regulación actual, sino especialmente haciendo cambios estructurales de mayor calado, como avanzar hacia la semiobligatoriedad de las pensiones de empleo, así como promover el uso del método de adscripción automática de trabajadores, para lograr la generalización de la participación en los planes de pensiones de empleo».

En el trabajo, que está firmado por Fernando Martínez Cue, socio fundador de Martinez-Cue & Asociados, se pide «un verdadero compromiso» de todas las partes interesadas, gobiernos, agentes sociales, industria y trabajadores, por un efectivo crecimiento de las pensiones de empleo, «con decisiones, acuerdos, cesiones, e incluso renuncias».

El autor del informe explica que un poderoso mercado nacional de fondos de pensiones de empleo, también individuales, debe ser aquel que tenga un alto patrimonio bajo gestión, como mínimo del 30% que se marca la reforma de pensiones, en el que se integren planes de pensiones de empleo sectoriales y de otro tipo, con una generalización de la cobertura y una tasa de participación de los trabajadores elevada.

Añaden que de lograrlo, «sería un apoyo relevante para las jubilaciones futuras, además de un catalizador de inversión de proyectos y empresas nacionales, en deuda pública, en intraestructuras nacionales, e incluso a través de inversión de capital riesgo en tejido industrial local». En resumen, que sería un dinamizador de la economía nacional, del empleo y, consecuentemente, de la riqueza nacional y del nivel de renta de la ciudadanía.

Como ejemplo de país que ha logrado estos objetivos el trabajo cita a Australia, cuyo crecimiento económico en las últimas décadas ha sido en una parte significativa gracias a los fondos de pensiones, cuyos activos bajo gestión ascienden a un 133% de PIB. Otro ejemplo es el sistema voluntario de ahorro en la empresa es el «workplace pensions» en Estados Unidos. Los activos gestionados en este país en fondos de pensiones de empleo y privados representan más del 63% del total de activos en el mundo. Casos a los que alude el trabajo de «economías robustas» que se benefician de la inversión de sus poderosos mercados de fondos de pensiones de empleo son también el de Suiza (137,5% PIB), Países Bajos (153,7% PIB) y Reino Unido (89% del PIB).