Ir contra el sistema eléctrico marginalista de precios beneficia solo al singular modelo francés

Europa está inmersa en un intenso debate para reformar su mercado eléctrico, basado en el sistema marginalista de fijación de precios, que algunos gobiernos —como el de Pedro Sánchez o Emmanuel Macron— han intentado desmantelar. El cuestionamiento de este modelo, que está vigente desde 1997 en toda la UE, tendría como claro beneficiario a Francia, cuyos intereses son opuestos a los de España.

El modelo eléctrico francés presenta unas singularidades muy concretas que explican el empeño de París en apostar por un mayor intervencionismo. El país vecino cuenta con un 70% de producción eléctrica de origen nuclear y un peso preponderante del Estado, que controla ya el 100% del capital del gigante Electricité de France (EDF). La postura del Gobierno de Sánchez, no obstante, es más que discutible.

Históricamente, los precios de la electricidad en España han sido más caros que en otros países de Europa, como Francia y Alemania. Pero nuestro país se ha convertido en una de las potencias de las energías renovables y, gracias al mercado marginalista —que rige en los principales países desarrollados del mundo—, se ha abierto una oportunidad única de competitividad para la economía española.

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Francia vino marcando los precios en el mercado marginalista, con sus 59 centrales nucleares, porque era la energía más barata. Sin embargo, ahora España tomará el relevo y será quien marque precio con su fotovoltaica y eólica. Esta cuestión explica por qué Macron, con las compañías eléctricas nacionalizadas, quiere impedir la pérdida de competitividad de Francia y apuesta por un sistema que implicaría sustituir en gran medida el establecimiento competitivo de los precios por su fijación por el Estado. Lo que no explica es la postura del Gobierno de Sánchez, más allá de cuestiones ideológicas.

Esta alianza también es paradójica porque beneficiaría la renovación del obsoleto parque nuclear francés, una opción que los socialistas rechazan aplicar en España, a través de los Contratos por Diferencia (CfD). Actualmente, este es el punto de mayor fricción entre los países europeos y quedó muy patente en la pasada cumbre informal de ministros de Energía celebrada a mediados de julio en Valladolid. El acuerdo fue imposible con dos grupos enfrentados, uno liderado por Francia y otro, por Alemania.

El país vecino reclama que los CfD se apliquen a las centrales nucleares ya existentes con el objetivo de ampliar su vida útil o ampliar capacidad, a la vez que se viaja hacia un sistema eléctrico intervenido. Pero el bloque antinuclear liderado por Alemania no cede a las presiones de París. La propuesta francesa implicaría que los propios Estados subvencionaran la producción nuclear en detrimento de otras fuentes de energía como las renovables, un enfoque que provoca la suspicacia entre socios europeos ante el temor de que distorsione el mercado con precios regulados demasiado bajos.

La apuesta del Ejecutivo de Macron sobre las nucleares se redobló tras la crisis del gas y el temor a perder su liderazgo en la fijación de precios a nivel europeo. A principios de año, el presidente francés tomaba dos iniciativas para impulsar aún más la energía nuclear. De una parte, el anuncio de construcción de seis nuevos reactores nucleares con lo que redundaría en el liderazgo europeo y casi mundial en este tipo de instalaciones (sólo superado por Estados Unidos). Y de otro, el estudio para alargar la vida de las nucleares ya existentes desde los 40 años actuales hasta los 60 años. El único límite a este tipo de instalaciones lo marcarían razones de seguridad.

El país vecino se enfrenta a múltiples problemas de mantenimiento que exigirán también un cuantioso desembolso al presupuesto público francés. Gran parte de los reactores franceses han estado o siguen estando fuera de servicio por estas labores de mantenimiento.

A diferencia de un acuerdo comercial, un CfD se firma entre un productor de electricidad y una autoridad estatal por un periodo de hasta 15 años. Los firmantes negocian una horquilla donde los precios de la electricidad pueden fluctuar libremente. Ahora bien, si los precios de mercado caen por debajo de esta horquilla, el Estado está obligado a compensar al productor, pagando de hecho las pérdidas comerciales. Si, por el contrario, los precios de mercado superan la banda de fluctuación, el Estado tiene derecho a captar los ingresos excedentarios obtenidos por el productor y destinar estos recursos a hogares y empresas. En el caso de Francia, como EDF es pública, el Gobierno tendría la opción de reinyectar ese dinero en la flota nuclear del país.

Así, estos CFD representan ayudas estatales debido a la compensación que los gobiernos tienen que pagar a los productores cuando bajan los precios de la electricidad y si esta situación se prolonga en el tiempo puede comprometer la viabilidad de estos acuerdos especiales.