El sector público se ha llevado el 80% de los fondos europeos

El que ocho de cada diez euros que llegan a España se queda en el sector público va en línea con los únicos datos que a finales de 2023 hizo públicos el Gobierno tras recibir varios requerimientos de la Comisión Europea. Entonces se conoció lo que el Ejecutivo llevaba ocultando meses: los 100 mayores beneficiarios de los fondos. El resultado fue que el 61% de los mayores receptores eran del propio sector público, sobre todo ayuntamientos y empresas públicas.

El Instituto recuerda que España recibirá 163.000 millones de Europa y que a lo largo del primer trienio de ejecución, los pagos efectivamente realizados han sido del 45,5% en 2021, del 39,6% en 2022 y el 27,3% en 2023. Precisan que a la economía real han llegado apenas 20.000 millones, un 75% de lo esperado.

El 'think tank'que dirige Manuel Llamas hace hincapié en la falta de transparencia que está acompañando la llegada de los recursos comunitarios, una reflexión que va en línea con las otras muchas críticas que ha recibido la gestión de estos fondos. Empresarios, organismos como Fedea o la Airef se han pronunciado en este sentido. «La opacidad -dice- ha sido una de las características centrales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Intervención General de la Administración del Estado no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021». Critica también que la Conferencia sectorial que gobierna la coordinación del programa con las comunidades autónomas lleva más de tres años sin celebrar una sola sesión.

Hace alusión el trabajo a que numerosos organismos públicos y privados han reprochado al Ejecutivo su falta de transparencia, que también ha sido criticada por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Y añade que «el modelo de gestión por el Gobierno está condenado por diseño. En la medida en que se han introducido numerosos procedimientos burocráticos, el resultado ha sido el que cabía esperar, con numerosos cuellos de botella y parones administrativos».

El organismo afea igualmente los fallos en las previsiones del Ejecutivo. Recuerda que se estimó que los fondos europeos elevarían el crecimiento en 2,5 y 3 puntos, pero que «el efecto real fue cinco veces menor en los primeros años de desembolso de los fondos y, a medio plazo, será más de un 50% más bajo de lo esperado». Para el Instituto el 60% de la mejora del PIB en 2023 se explica por el aumento de la deuda pública.

En cuanto al empleo, explica que los niveles efectivos de ocupación son hoy más bajos de lo esperado antes de la aprobación de los fondos europeos, a pesar de que el Ejecutivo prometió crear 800.000 empleos gracias a estos recursos. «En la práctica, el paro efectivo está subiendo, al haberse incrementado de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023», agrega.

Otro de los aspectos positivos que el Gobierno asociaba a su Plan de Recuperación era la mejora que inducirían los fondos comunitarios en los niveles de actividad e inversión privada. Sobre este punto se afirma que si comparamos las cifras alcanzadas a finales de 2019 con los registros de cierre del primer trimestre de 2024, resulta que la inversión está un 2,2% por debajo, con una caída cercana al 6,2% en la formación bruta de capital fijo de maquinaria y bienes de equipo y un descenso de 2,6 puntos porcentuales en la inversión en el sector de la construcción.

Las reformas comprometidas son, a su vez, objeto de análisis. Los autores del trabajo recuerdan que el desbloqueo de los fondos desde Europa lleva aparejada la aprobación de distintas reformas que, en la práctica, «no solamente no tendrán efectos positivos, sino que suponen verdaderas contrarreformas de impacto francamente negativo en la economía». Citan la Ley de Vivienda, «que está hundiendo la oferta de pisos disponibles», los cambios en el sistema de pensiones «que dispara las cotizaciones sociales mientras ensancha el agujero de la Seguridad Social» o los nuevos modelos de medición del empleo, «plagados de maquillaje estadístico».

En esta línea se insiste en que España debe bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y desembolsado y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales que permita devolver recursos al sector privado, dejando la ejecución de estos recursos comunitarios en manos de las empresas, que podrán asumir los fondos europeos por el lado de la oferta. «Hasta la fecha, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desechado esta posibilidad -dice- y apenas ha comprometido 483 millones de euros en una pequeña línea de incentivos fiscales en I+D que supone un magro 0,6% del total de ayudas a fondo perdido movilizadas en el Plan de Recuperación.