Red Eléctrica, un negocio de alta tensión condicionado por la política

A falta de determinar la causa del primer apagón en una central eléctrica, Red Eléctrica tiene designada esa misión no menor. La de gestionar cada día qué centrales van a inyectar luz; cuáles pueden quedar paralizadas; cuántas estarán en reserva; y cómo se puede ir modificando su funcionamiento para que la luz llegue a todas partes a través de sus 45.000 kilómetros de tensión.

Noticia Relacionada

Las eléctricas replican a las insinuaciones de Sánchez: «Nadie se puede conectar o desconectar por su cuenta»

Bruno Pérez

Las productoras de electricidad rechazan cualquier responsabilidad en el episodio y recuerdan que solo Red Eléctrica conoce las necesidades del sistema

La compañía, reconvertida a Redeia hace tres años para «reforzar su posicionamiento global» (tiene negocios internacionales e incluso tuvo una participación en Hispasat, que acaba de vender a Indra), es el único agente del mercado energético que conoce al minuto cuál es la petición de luz de toda España y cuánta electricidad sale de cada central. Lo hace en su centro de control de Madrid, donde monitoriza toda la red al segundo para que no haya ningún apagón. La planificación de toda esa actividad y los permisos a las compañías generadoras -las grandes propietarias de las centrales como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o EDP- dependen de cómo hile de fino. Es el director de orquesta. Nadie se mueve sin que REE lo permita para mantener el suministro.

Además, la compañía tiene un papel determinante a la hora de aconsejar cómo debe ser la planificación de la red de cara al futuro: cómo seguir implantando las renovables, qué puntos de conexión se autorizan y, también, cómo puede aguantar el sistema sin las centrales nucleares, tras la intención de clausurarlas entre 2027 y 2035.

El apagón nacional ha puesto buena parte de las miradas sobre esta compañía de la que solo unos cuantos tenían en su mente por las instalaciones en los campos soportando los cables de alta tensión. Al frente de la firma se encuentra Beatriz Corredor, su presidenta. Y aquí subyace la 'cara b' de una corporación eminentemente técnica pero con muchas sombras políticas.

La vida de REE, con 40 años de existencia, ha estado siempre conectada a las más altas esferas de la política. Porque se trata de una empresa semi-pública -Sánchez la describió ayer como «un operador privado»-: tiene libertad para poder operar con criterios tecnológicos, pero cuenta con una estructura que, al final, depende del Gobierno de turno. Y más aún en los últimos años, un periodo en el que la tensión entre Redeia y Moncloa se ha incrementado después de que quien fuera su presidente entre 2018 y 2020, Jordi Sevilla, chocara con la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Todo fue por la intención del que fuera exministro socialista de traspasar activos de la filial regulada de Red Eléctrica a la Corporación para encarecer los costes regulados. Una fricción que se lo llevó por delante -carta pública de Sevilla incluida- y que supuso el desembarco de la actual presidenta, Corredor, también exministra en el Gobierno de Zapatero y escudera de Pedro Sánchez durante su periplo contra la ejecutiva del PSOE.

Con un 20% del capital, el Estado sabe que controla la compañía a través de una participación que ostenta la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Además, la compañía está blindada frente a otros inversores privados porque ninguna otra compañía o fondo de inversión puede superar un 5% del capital de la compañía energética. De todos sus consejeros, tres tienen la condición de dominicales (los vinculados al accionista con más participaciones), y son los que el Gobierno propone para teledirigirla. El pacto no escrito apuntaba siempre a un acuerdo entre los dos principales partidos españoles -PP y PSOE- para designar estos sillones del consejo de Redeia. Pero ya en la última renovación de cargos no fue así.

Ahora, el Ejecutivo tiene la intención de designar como consejera dominical a Arancha González Laya. Otra exministra del Gobierno de Sánchez, quien ostentó el departamento de Exteriores. Lo hace por su «capacidad profesional, experiencia en geopolítica y economía internacional». Será una silla caliente que tendrá que administrar la mayor crisis energética vivida por España.