Policías, profesores, inspectores y altos funcionarios salen hoy a la calle en defensa de Muface

A estas horas la única compañía que muestra interés en presentarse a la licitación es Asisa, después de que Adeslas y DKV se descolgaran de la misma por considerar que el incremento del 33,5% con respecto al contrato anterior propuesto por el Gobierno era insuficiente. Asisa, por su parte, tiene hasta el 27 de enero para confirmar al Ministerio de Función Pública si está de acuerdo con la nueva oferta.

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Y mientras esto ocurre, el millón y medio de funcionarios beneficiarios del sistema siguen sumidos en la incertidumbre, y las manifestaciones no dejan de sucederse. A la de hoy acuden ANPE (sindicato de profesores), SIAT (personal de la Agencia Tributaria), SPP, SUP y UFP (policías), USIE (inspección educativa), Fedeca (altos funcionarios) y USO, la Unión Sindical Obrera. Son algunos de los que ya se manifestaron el pasado 11 de diciembre. Como entonces, hoy tampoco participa Csif, el sindicato mayoritario de los profesionales de la función pública, que tiene su propio calendario de movilizaciones.

En un comunicado conjunto, los convocantes denuncian «la impericia de los políticos y la falta de ética de las aseguradoras», además de la «mala gestión y la falta total de previsión«, dicen, que »sumadas al proyecto encabezado por la ministra de Sanidad para hacer desaparecer la mutua, nos han llevado al punto en el que nos encontramos ahora: un abandono de pacientes, algunos de ellos en tratamiento, llevándonos a todos a una dramática situación de incertidumbre«.

Es decir, que los sindicatos apuntan a todos. Al Gobierno, a las empresas y a la ministra de Sanidad Mónica García, que en las últimas semanas ha insistido en la posibilidad de que el sistema público asuma la cobertura del millón y medio de beneficiarios de Muface. Hay que recordar que en noviembre su departamento filtró un documento en el que planteaba la transferencia a las comunidades autónomas -por estar la sanidad transferida- de los 2.681 millones de euros que el Estado asigna a este concierto. Después de esto, el trece de enero la ministra cargó contra las aseguradoras asegurando que «están haciendo números y han decidido que los asegurados no son rentables porque se han hecho mayores», y el lunes volvió a meter baza en la polémica al insistir en que los brazos de la sanidad pública «están abiertos» para recibir a los funcionarios.

El problema es que los interesados no quieren esa solución, así lo ha manifestado Csif en reiteradas ocasiones y en esa línea va el comunicado de los sindicatos presentes en la protesta de hoy, en el que recuerdan que el traspase tendría un «fuerte impacto», sobre todo en las comunidades autónomas que ya están viviendo un colapso y que no podrían soportar esta nueva situación.