Sanidad cree viable acabar con Muface y enviar al sistema público a los funcionarios

El planteamiento de Sanidad choca frontalmente con la posición de Función Pública, el Ministerio que ostenta las competencias sobre las mutualidades de asistencia sanitaria a funcionarios, que el viernes reiteró su intención de volver a sacar a licitación el concierto de Muface -que ya había trasladado a los sindicatos en la reunión del consejo- e incluso deslizó la posibilidad de modificar sus condiciones para que la elección de los empleados públicos sobre si adherirse o no a este modelo de colaboración público-privada sea única e irreversible, lo que garantizaría tanto a Muface como a las aseguradoras un horizonte cierto sobre la cartera de usuarios del concierto.

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Bruno Pérez

El ministerio que encabeza Mónica García asegura en el informe que incorporar a los actuales mutualistas a la sanidad pública es, en el contexto actual, «tanto viable como razonable». Sanidad analiza cómo reciben la atención sanitaria los actuales mutualistas: el 32,7% acuden a la sanidad pública mientras que el 67,3% opta por aseguradoras privadas. En términos globales, prosigue el documento, la incorporación al sistema nacional de salud de los funcionarios y sus familiares supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que acuden a la pública. Para ello, dice, se debería transferir al sistema público de salud la financiación que actualmente se destina a los mutualistas que optan por aseguradoras privadas.

Pero Sanidad también defiende su argumentario acusando a las aseguradoras privadas de llevar a cabo «prácticas de selección de riesgos», es decir, de derivar a los pacientes cuyos tratamientos son más caros al sistema público. «En un contexto donde los tratamientos disruptivos de alto coste y alto valor son crecientes, la selección de riesgos supone un problema del cual es imposible escapar a la hora de plantear un análisis de este asunto», dice el informe.

La propuesta de Sanidad, que no tiene competencias para decidir sobre el futuro de Muface, pasa por prorrogar durante 9 meses el actual convenio y plantear durante ese tiempo el traslado de los mutualistas a la sanidad pública. Esa incorporación, prosigue el documento, podría ser paulatina, «estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios».

Pero también establece que a la hora de incorporar a los mutualistas en la sanidad pública se debe tener en cuenta a los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público. Propone además un plan de transición y continuidad para garantizar que los pacientes atendidos por procesos crónicos de alta complejidad puedan ser atendidos con normalidad en los centros hospitalarios sin necesidad de atravesar los cauces comunes de una primera consulta, así como la transferencia de la información clínica para evitar la duplicidad de pruebas diagnósticas.

El ministerio también quiere asegurarse de que sean las aseguradoras privadas y no la sanidad pública las que asuman los procedimientos quirúrgicos que hayan sido indicados por sus profesionales durante los primeros cuatro meses de la prórroga del concierto.

Consultado por ABC en relación al informe difundido esta mañana, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se ha limitado a decir que se trata de «un informe de Sanidad» y ha aclarado que sus conclusiones no tienen nada que ver con el informe de viabilidad económico financiera que el Gobierno y Muface comprometieron en la última reunión del Consejo General, hace ahora dos semanas, antes de presentar una segunda oferta a las aseguradoras

Las especulaciones en torno al futuro de Muface se han disparado después de que las tres aseguradoras que han venido prestando el servicio en el último periodo concertado, el 2022-2024, declinaran acudir a la propuesta de renovación planteada por el Gobierno por considerar insuficiente su asignación económica. El Gobierno ofreció un mejora del 17,1%, cuando las aseguradoras pedían una mejora de entre el 36% y el 38% en dos años para garantizar el equilibrio financiero del mismo.

A tenor de estos hechos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido a los ministerios de Función Pública y Sanidad para pedir explicaciones sobre el informe filtrado a los medios de comunicación sobre el futuro de Muface. En dicho informe, Sanidad propone incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas.

CSIF ha declarado que se opone frontalmente a esta posibilidad, exigiendo al ministerio de Sanidad que rectifique de inmediato y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras. Hacen alusión a la última reunión mantenida. Mientras tanto, CSIF está valorando el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en caso de una respuesta insuficiente del Gobierno: manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública.

Del mismo modo, CSIF recibe cientos de llamadas preguntando por esta cuestión. La organización alega que, al mismo tiempo, recibe casos de mutualistas a los que se les deniega la atención en clínicas o chequeos médicos, puesto que las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto.

Por último, acusan al Gobierno de jugar con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias.