El peso de la burocracia corta las alas del emprendimiento innovador

Pero según varias fuentes del sector empresarial consultadas por ABC, el efecto que la legislación está teniendo por el momento es limitado. «Sinceramente creo que seguimos más o menos igual que estábamos. El principal error que estamos viendo es que se ha centralizado la concesión del título empresa innovadora en una entidad como Enisa. Obligar a que empresas que sean invertibles deban pasar por un proceso adicional que certifique si son empresas sujetas o no a una deducción por inversor es un error y obliga a una burocracia extra que no aporta valor a ninguno de los actores del proceso», dice Nacho Ormeño, CEO de Startupexplore.

Ormeño considera que la legislación podría incluir facilidades como la creación de un modelo rápido y sencillo donde un inversionista extranjero pueda obtener un NIF que le permita invertir. «En 2023 obligamos a personarse presencialmente o bien al interesado o bien a un representante en una notaría española. ¿No podemos usar las tecnologías de la información para ello?», se pregunta este experto.

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Según un informe sobre el coste de la burocracia para los emprendedores en España, elaborado por la empresa Entre Trámites, en la actualidad existen 72 trámites diferentes que realizan los notarios en el registro mercantil, de los cuales 45 podrían eliminarse. Si eso ocurriera, los emprendedores españoles ahorrarían 89,8 millones de euros y se ahorrarían 844.590 horas en colas al año.

Por ejemplo, constituir una sociedad limitada y cambiar el domicilio fiscal en España cuesta una media de 1.419 euros y tarda 45 días laborables, mientras que en Estonia, un país con servicios gubernamentales muy digitalizados, el mismo trámite cuesta 290 euros y tarda 1,1 días laborables.

Otro ejemplo son los gastos administrativos y notariales relacionados con la recepción de una inversión inicial, el cambio de domicilio social y el cambio de administrador. Este proceso en España cuesta 2.132 euros y tarda 61 días laborables, mientras que en Estonia son 75 euros y 0,3 días.

Para Louis Williams, cofundador de Entre Trámites, el tiempo empleado en trámites notariales es sin duda un factor limitante a la hora de crear empresas en nuestro país. «España lamentablemente no es el panorama más atractivo para el emprendimiento y uno de estos factores es la ridícula cantidad de tiempo perdido en procedimientos burocráticos», comenta Williams, que cree que toda esta situación está empujando a emprendedores españoles a iniciar proyectos en el extranjero.

Este es el caso de José Ernesto Suárez, quien se animó a emprender fuera de España y creó su empresa, llamada Glassity, en Estonia. «Recuerdo en España hacer colas siempre que debía realizar un trámite o acudir a notarios en ciertas ocasiones. Sin embargo, la experiencia en Estonia ha sido sencilla bordando lo surrealista. Me encantaría poder traer mi empresa a España, pero ahora mismo es un lujo que la empresa no se puede permitir en estas primeras fases», dice.

«La burocracia ha sido históricamente uno de los obstáculos para la creación y desarrollo de startups en España. Esta situación ha llevado a muchos emprendedores extranjeros que barajaban traer sus proyectos a España a elegir finalmente establecer sus startups en otros países con ecosistemas más favorables y procesos más ágiles», dice Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. Mateo cree que es posible revertir esa tendencia a través de una mayor digitalización de trámites normativos.

Desde Adigital, Miguel Ferrer, su SVP de estrategia y agenda pública, cree que a finales de este año la ley de startups cumplirá dos años, por lo que sería una buena oportunidad para que el gobierno analice en detalle su impacto y puedan plantearse mejoras. «Bajo nuestro punto de vista, uno de los puntos débiles de la ley es su ámbito de aplicación limitado», dice Ferrer. La norma establece una serie de incentivos centrados en los primeros años de vida de la startup, pero, en su opinión, estos deberían poder extenderse a las empresas que están en fase de crecimiento.

Stephan Maisons, group partner de Orbyn, Fintech propietaria de las plataformas de 'equity crowfunding' Fellow Funders y Dozen, coincide con la opinión de Mateo. «La definición restrictiva de startup, limitada a un periodo de cinco años, no refleja adecuadamente el ciclo de maduración de seis a siete años que muchas de estas empresas experimentan. Además, los incentivos fiscales, como las exenciones o reducciones en el impuesto de sociedades, solo suelen ser beneficiosos después de cinco o seis años, momento en el que la mayoría de las startups comienzan a ser rentables», comenta.

«En comparación con otros países, las medidas de apoyo fiscal, como la reducción del IRPF por inversiones en startups actualmente al 50% del importe invertido, parecen poco ambiciosas; países como el Reino Unido, por ejemplo, no solo ofrecen deducciones por la inversión inicial sino también por la pérdida del 50% restante si la startup fracasa», añade Maisons.

Desde Wayra, Paloma Castellano considera que otro de los cambios en los que debería poner el foco una nueva legislación para startups tendría que centrarse en incentivar la creación de más fondos de 'venture capital'. «El trabajo de innovación abierta es una actividad de I+D en sí misma, pero no está bonificada como investigación y desarrollo. Si queremos un ecosistema al nivel de otras economías, necesitamos elevar el nivel de corporaciones trabajando, invirtiendo y comprando compañías y, para esto, la regulación puede ayudar a alinear estos incentivos», asegura Castellano.

En definitiva, y a pesar de los pasos adelante que ya se han dado, aunque queda mucho camino por recorrer para aliviar la pesada carga de la burocracia sobre el emprendimiento en general y el innovador en particular.