Una oleada de huelgas acorrala a Sánchez en plena carrera electoral

Este caldo de malas noticias se está cociendo a fuego lento en España, generando un tsunami de malestar social y una espiral de protestas contra el Gobierno que se produce en un momento más que delicado, con la carrera electoral en marcha. Un clima bien distinto al que vive el sector privado, después de que empresarios y sindicatos hayan alcanzado un acuerdo que garantiza la paz social en la negociación colectiva con una senda de subidas salariales del 10% en tres años.

La calle se caldea y se llena de funcionarios para exigir más personal y mas sueldos, y el campo sale a la calle para denunciar los estragos de la sequía, la puntilla a las cuantiosas pérdidas acumuladas por el alza del precio de los costes de producción y del combustible.

Las protestas se suceden como una lluvia fina engordando el clima de irritación ya enquistado en España. Un clima que recuerda, con sus diferencias, a los años más duros de conflictividad en España, en los que los paros y huelgas terminaron asfixiando a los gobiernos y poniéndolos, en algún caso, al borde de la dimisión, como ocurrió con Felipe González. Hace ya más de 30 años, el 14 de diciembre de 1988, un ambiente de descontento sin precedentes, que se fue tejiendo a fuego lento, paró los relojes en la mayor protesta en España desde los años 30, asegurando un éxito sindical sin precedentes que nunca se volvió a repetir. La presentación por el Gobierno socialista del llamado Plan de Empleo Juvenil, que precarizaba el mercado de trabajo, no fue más que la gota que colmó el vaso. Los trabajadores perdían poder adquisitivo en una economía que ese año creció un 5% y muchos consideraban que era ya el momento de repartir los dividendos de la recuperación, tras una durísima reconversión que había dejado en la calle a decenas de miles de obreros de la industria. A diferencia de entonces, hoy se crea empleo a un ritmo del 3%, lo que no está evitando que el trabajo y las remuneraciones estén siendo protagonistas en las reivindicaciones que han llevado a una cascada de movilizaciones.

Falta de personal y de medios han dado paso a paros parciales de media hora convocados por los sindicatos de la Inspección de Trabajo, que desembocarán en una huelga de tres días, entre el 26 y el 30 de junio, si no hay acuerdo con el departamento que dirige Yolanda Díaz. En este caso llueve sobre mojado; los sindicatos ya llevaron a cabo tres jornadas de huelga entre diciembre y febrero y están preparando una denuncia contra el departamento dirigido por Díaz ante la OIT, que se sumaría a la protesta contra el Gobierno ante la representación de la Comisión en España por incumplir el Plan de Recuperación en lo referido a la de Inspección.

Para reclamar más personal CSIF y CC.OO. han convocado la primera huelga de la historia en la Seguridad Social por la merma en la atención al ciudadano. Falta de personal, retraso en las citas y en el reconocimiento de las prestaciones, cierre de oficinas e incumpliendo de los acuerdos firmados con las centrales. Por todo ello los funcionarios realizarán paros parciales todos los viernes de 10.30 a 11.30 horas y una huelga de 24 horas el 7 de septiembre en los centros afectados de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del organismo. El pasado jueves los sindicatos anunciaron estas protestas y un día después Escrivá los citaba para negociar.

Entre tanto, el principal partido de la oposición ha presentado una interpelación urgente al Gobierno para que explique como va a revertir su «deficiente gestión». «La contestación airada del ministro Escrivá el pasado miércoles ante una pregunta del Grupo Popular, calificando de bulos nuestras denuncias, tan solo 24 horas antes de que los funcionarios de su ministerio anuncien una huelga es sólo un ejemplo más de la desconexión de este Gobierno con la realidad», dice la interpelación. El titular de Seguridad Social acusó la pasada semana al diputado Jaime Olano de mentir cuando este se refirió al caos de las citas y a la exigencia de contar con hora para ser atendido, extremo que negó Escrivá pese a que su web es clara con esta exigencia.

Al clima de conflictividad se suman jueces y fiscales. Han convocado huelga indefinida para el día 22, en lugar del 16, como estaba previsto para dar margen a la negociación. Denuncian la sobrecarga de trabajo y reclaman mejoras salariales y culpan al Gobierno del «abandono de la Justicia». Tras dos meses de huelga, los letrados lograron un alza mensual de 450 euros.

Los salarios también fueron protagonistas en las protestas que llevaron a cabo miles de policías nacionales y guardias civiles el pasado 6 de mayo en Madrid para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos y unas pensiones de jubilación «dignas». Convocados por la organización por la justicia salarial Jusapol y los sindicatos mayoritarios del sector, Jupol y Jucil, de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, y con el apoyo de CSIF, denunciaron la «discriminación» que sufren desde las administraciones respecto a los policías locales y autonómicos. Tres días antes, los trabajadores de Patrimonio Nacional se concentran frente al Palacio Real de Madrid para exigir al Gobierno el refuerzo de plantillas y mejores condiciones laborales y salariales.

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En abril, el día 18, los funcionarios de la Sanidad, convocados por CSIF se concentraban frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España para denunciar la situación de la Sanidad y exigir al Ejecutivo que no demore más el reconocimiento de la jubilación anticipada, aplicando coeficientes reductores, para estos profesionales. Denuncian también la precariedad de los MIR.

Y el campo vuelve a alzar la voz pese a la inyección de más de 2.000 millones en ayudas aprobados unos días antes de la protesta de ayer en Madrid. Colectivos de agricultores, ganaderos, del mundo de la pesca y la caza unidos en la plataforma SOS Rural recorrieron las calles de la capital para protestar contra las normas «radicales y erróneas» del Gobierno contra el campo, que llevan a la «ruina» y para defender el sector primario.

La protesta más inminente está convocada para mañana. Más de 5.000 bomberos de España se manifestarán en Madrid para pedir mayor coordinación en los incendios y demás emergencias, lo que en última instancia acaba «perjudicando a los ciudadanos», según han denunciado en un comunicado.

El malestar social cotiza al alza en España, como también lo hace en muchos otros puntos de Europa, como Alemania, Grecia, Reino Unido, Portugal o Francia, con su protestada reforma de pensiones. Todos tienen el nexo común del impacto en sus economías de las bandadas de cisnes negros, la metáfora que utilizan los economistas para referirse a los sucesos imprevistos con gran impacto económico y social. Primero llegó la pandemia, luego la invasión rusa de Ucrania y ahora la respuesta del sistema financiero al envite de la inflación. Las políticas que aplican los países tampoco ayudan en algún caso. Ahí lo dejo.