Escrivá dice que es un «bulo» que se exija cita para ser atendido, pero la web de la Seguridad Social lo deja claro

«Es un bulo, es mentira», afirmó reiteradamente el titular de la Seguridad Social cuando Olano le recordó que para ser atendido en las oficinas se exige cita previa y que los ciudadanos están pasando por un 'vía crucis' cuando tienen que hacer algún trámite. El diputado puso como ejemplo las «oficinas cerradas, semanas para conseguir una cita y meses para un trámite, muchas veces en oficinas a kilómetros de su domicilio».

Sensiblemente irritado, el ministro negó que sea requisito para ser atendido en las oficinas y realizar cualquier gestión tener cita previa, obviando que en la propia página web del ministerio que dirige queda claro que sin cita no se atiende al ciudadano ni se tramita ninguna prestación en las oficinas.

A medida que hablaba, el ministro iba elevando el tono, hasta el punto de gritar, mientras daba muestras de su visible enfado, que iba 'in crescendo'. «Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. Al 25% de las personas se las atiende directamente», aseguró. Y continuó: «Si solamente fueran bulos, sería usted un político desesperado y tramposo, pero es que eso tiene consecuencias negativas para los ciudadanos cuando algunos de ellos se los creen. Hay gente que les ha creído y no ha ido a la Seguridad Social. Gente con discapacidad. Es que perjudican a los ciudadanos. Esto es una vergüenza, de verdad», dijo el ministro.

Sin embargo, le tocó escuchar de boca del portavoz al Ejecutivo del Grupo Popular que el Gobierno del que forma parte tiene «el triste mérito» de haber convertido una «administración ejemplar como lo era la Seguridad Social hasta 2019» en una «administración tercermundista».

No cesó en su enfado el gestor de las pensiones cuando el diputado del PP le preguntó si le parecía «anecdótico» que 260.000 autónomos vayan a tener que devolver 172 millones de ayudas recibidas durante la pandemia por la «mala gestión» del Gobierno. De «bulo monumental y absoluto» calificó estas afirmaciones el expresidente de la Airef.

El diputado popular explicó entonces a Escrivá que esta información procede de las mutuas de accidentes que colaboran con la Seguridad Social y le reprochó que crea que todo el mundo le miente. «Para usted las mutuas mienten, el Partido Popular miente, el Defensor del Pueblo miente, los autónomos mienten, los medios de comunicación mienten. Y ahora también me dirá que los gestores administrativos mienten cuando denuncian el vía crucis que padecen los ciudadanos cuando tienen que acudir a la Seguridad Social», recriminó Olano.

Lo cierto es que el ministro de Seguridad Social conoce los planes de las mutuas desde el pasado mes de abril, cuando fue informado de que las entidades colaboradoras de la Seguridad Social iban a comenzar un proceso de revisión de las ayudas recibidas por los autónomos durante la pandemia, concretamente las percibidas en concepto de cese de actividad, el denominado paro de los autónomos, por sospecha de irregularidades. La información a la que ha tenido acceso este diario sitúa en 261.872 los expedientes que se van a someter a revisión , lo que se corresponde con más del 17% de los beneficiarios, bien por falta de documentación, por percepción de prestaciones que son incompatibles o por no estar al corriente del pago de las cotizaciones sociales.

Como lleva informando este periódico, la atención al ciudadano en la Seguridad Social está en sus horas más bajas, lo que llegó a provocar un toque de atención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al ministro para que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención».

La situación ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en la Seguridad Social. Como ya informó ABC, durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%. Cuatro millones de llamadas quedaron sin atender en 2022 por los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social.

Los casos de intentos de llamadas frustradas se producen por miles cada día y esta situación ha provocado largas colas en las oficinas. Los trámites asfixian y el colapso en la Seguridad Social ha abierto también la puerta a un negocio paralelo de compra y venta de citas; ante la imposibilidad de ser atendido por la Administración por el cauce habitual, algunos afectados, desesperados, deciden pagar por gestiones que en circunstancias normales son gratuitas. Particulares, locutorios y gestorías ofertan sus servicios a todo aquel que quiera pagarlos, y muchos ciudadanos acuden a las gestorías para lograr la cita que no consiguen por sus propios medios.

En estos momentos los tiempos de espera para cobrar una pensión pueden llegar a dos meses, y alrededor de un mes conseguir una cita presencial. Una situación provocada por la pérdida del 22% de los efectivos en una década, como denuncian los sindicatos y reconoce el Gobierno. El descontento llega hasta la plantilla y la falta de entendimiento del ministro con los sindicatos de funcionarios ya caldea la primera huelga de la historia en la la Seguridad Social.