Los sindicatos convocan la primera huelga de la historia en la Seguridad Social

Las movilizaciones se producen después de fracasar las negociaciones de los sindicatos con el titular de la Seguridad Social «por la ausencia de un diagnóstico real de la situación, de incentivos reales y por la falta de vocación de cumplimiento a corto plazo», denuncian las centrales después de asegurar que la gestión del ministro «deja al personal afectado en una situación de incertidumbre y compromete el servicio de calidad que se debe prestar al conjunto de la ciudadanía».

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CSIF y CC.OO. justifican la convocatoria de las movilizaciones «ante la situación caótica, con el fin de dar salida a la problemática por la que está atravesando la Seguridad Social». Añaden que «lamentan» la decisión, pero consideran que «es la única opción para la recuperación de los compromisos serios y dignos para las plantillas y para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía».

Las movilizaciones de los sindicatos se producen después del caos de citas y de gestión que sufre la Seguridad Social, una administración que se ha destacado siempre por el buen trato a los ciudadanos y por una gestión impecable. Ahora, el sistema está en sus horas más bajas y con un déficit de atención que llegó hasta del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que afeó al ministro su pésima gestión y el instó a mejorar la atención a los ciudadanos.

El ministro no encuentra soluciones a un problema que se ha enquistado y ha hecho florecer un negocio paralelo de compra y venta de citas, tal y como adelantó ABC, además de encender a los funcionarios. En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital. A consecuencia de la falta de personal, el año pasado se dejaron de atender cuatro millones de llamadas, tal y como adelantó este diario.

Como solución exprés, Escrivá ha ofrecido seis euros por cita a los funcionarios que decidan trabajar en horas extra para agilizar los procesos de atención a los ciudadanos. Todo ello a la espera de que se incorporen los 2.000 interinos que prometió a los sindicatos, ahora en pie de guerra. Estos se quejan de que convocar más trabajo temporal aumentará la tasa hasta el 18% en la administración, y de que el titular de la Seguridad Social camina con estas decisiones en contra las directrices europeas.

Las centrales sindicales se queja también «de los reiterados incumplimientos de leyes y acuerdos en vigor», y en concreto la negociación pendiente desde 2008 de negociar unas bases comunes para la negociación colectiva en concursos generales y específicos de méritos para el ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.

No es la única queja de los funcionarios. También protestan por la negativa de la Seguridad Social a implantar el teletrabajo, tal y como aprobó en mayo de 2022 por el Consejo de Ministro para todas las administraciones. Recuerdan que mientras el ministro presume en sede parlamentaria del eficaz trabajo realizado durante la pandemia por los funcionarios desde sus domicilios, «con nuestros teléfonos, internet y ordenadores» ahora «nos niega el trabajo a distancia, después de haber adquirido 25.000 ordenadores portátiles».

Por último, las centrales reclaman al Gobierno que cumpla con el acuerdo suscrito en el año 2018 y revise los plus de productividad que se pagan del personal de la Seguridad Social. Explican a ABC que dada la carga de trabajo, tanto en la atención al público, telefónica, telemática o de gestión, urge incentivar al personal.