Oferta de empleo público: estas son todas las oposiciones para funcionario que ha aprobado el Gobierno

Estas casi 40.000 plazas suponen un incremento del 15,8% respecto a hace un año. De la cantidad total que lanza La Moncloa, 29.818 son para la Administración General del Estado, de las cuales 19.947 son para nuevo ingreso. Para la Administración de Justicia se lanzan 1.907 plazas (1.215 de nuevo ingreso); para la Policía Nacional se aprueban 2.833 plazas (2.600 de nuevo ingreso) y para la Guardia Civil, 2.875 (2.520 de nuevo ingreso), como avanzó ABC. Además, se suman los 2.141 puestos para las Fuerzas Armadas que ya estaban aprobados desde hace dos meses.

En esta tabla puedes buscar las plazas aprobadas para cada cuerpo de la Administración:

La Seguridad Social es uno de los cuerpos que reciben más refuerzo al sumar 2.500 plazas a entidades gestoras y 1.025 para gestionar el ingreso mínimo vital. Aparte, cuerpos de sistemas y tecnologías de la información reciben 600 plazas; funcionarios de habilitación de carácter nacional para entidades locales, 500 plazas; sector portuario, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado, 254 plazas; personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa, 236 plazas; Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), 66 plazas; y personal docente, 57 plazas.

En términos de nuevas incorporaciones y promoción interna, el equilibrio queda de la siguiente manera: del total, 27.246 puestos corresponden al turno libre, destinado a quienes quieran incorporarse de nuevas a la Administración; las otras 12.328 plazas son para promoción interna.

Así, el Gobierno saca esta oferta de empleo público poniendo el foco en ciertos segmentos de actividad. «El mayor número corresponderán a los servicios esenciales y atención a la ciudadanía, que suponen el 44,18% de las plazas, para lo que se incorporará personal en los servicios de atención directa a la ciudadanía, el impulso a la industria de la cultura, la sanidad y vigilancia de la salud, el fortalecimiento del sistema penitenciario y la reforma integral y modernización de la Justicia», indicó Hacienda.

El Ejecutivo incluye en el decreto de esta oferta de empleo público dos novedades en cuanto a los plazos. El objetivo: que la temporalidad en la Administración no se dispare e intentar lograr la tasa máxima del 8% que exige Bruselas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública busca, así, agilizar los plazos de las convocatorias, pero no solo; también que se sustancien cuanto antes el conjunto completo de los procesos de oposiciones a funcionario.

Para lograr esto, el Gobierno ha incluido que «las convocatorias de los procesos selectivos previstos en el presente real decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad. La excepcionalidad de la causa será justificada por el órgano convocante ante la Secretaría de Estado de Función Pública». Antes de acabar el año todo debe estar iniciado.

La resolución también se acota en el tiempo para que no se dilaten demasiado los procesos: «En cualquier caso, todos los procesos selectivos deberán estar finalizados antes de que transcurran dos años, ampliables a tres por causa justificada, computados desde la aprobación de este real decreto».

El decreto aprobado en Consejo de Ministros establece ciertas normas y requisitos generales para la convocatoria de los procesos. «Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública», indica el documento.

«Cuando el órgano convocante remita a la Dirección General de la Función Pública las respectivas convocatorias a efectos de que, por esta se emita el informe indicado anteriormente, las mismas deberán contener una referencia a la composición numérica, distribuida por sexo, de los cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto de la correspondiente convocatoria», añade el decreto.

Asimismo, las convocatorias deberán contener una previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición del proceso selectivo que, salvo causa justificada, no podrá ser superior a nueve meses y contemplará que la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición tenga lugar en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el BOE.

En cuanto al número de pruebas, en pos de tratar de agilizar los procedimientos, se tratará de que la fase de oposición tenga un máximo de cuatro pruebas, como viene siendo habitual. Además, las convocatorias deben incluir «un cronograma orientativo» de las fechas de cada prueba, y entre prueba y prueba no podrán transcurrir más de 45 días naturales.