El fraude eléctrico oculta un coste medio de 90 euros en la factura anual de cada consumidor

Este fraude en el consumo eléctrico supone un enorme coste para el conjunto de los clientes de luz en España. Cálculos recientes del sector elaborados a partir del volumen de pérdidas 'no técnicas' de la red y el actual precio de la electricidad en el mercado mayorista, el coste de esta práctica supera los 2.000 millones de euros cada año, cifra que es repercutida en todas las facturas de los usuarios del sistema eléctrico.

Así, el reparto de esta carga conlleva una media de alrededor de 90 euros por consumidor, equivalente a un 10% respecto a una factura de electricidad de un hogar tipo (unos 945 euros al año, según datos de la OCU en 2021).

Hay tres modalidades básicas de fraude: manipular el contador, puentear el citado aparato para que la energía no sea medida, y la conexión directa a la red de distribución.

En España se estima que hay más de 200.000 conexiones ilegales, en muchos casos vinculadas a actividades ilícitas. La continuidad en el tiempo del fraude pone de manifiesto que el actual marco legal y regulatorio dificulta su persecución y atribución, así como el cobro de la energía defraudada.

En muchos casos, el fraude está vinculado a mafias que utilizan las casas okupadas para realizar plantaciones interiores de marihuana, como lugar de refugio y para esconder los botines de sus hechos delictivos, y 'granjas' de criptomonedas. Estas son espacios donde se utilizan numerosos y potentes equipos informáticos que necesitan potentes sistemas de refrigeración para que no se calienten al funcionar horas y horas.

Los fraudes en los hogares suponen el 92% del total de los detectados pero, sin embargo, la energía recuperada supone prácticamente la mitad del total. Lo contrario sucede con el suministro industrial, donde se detectan menos fraudes, pero el volumen de energía recuperada ronda el 30%. El 20% restante corresponde al sector servicios. Es decir, la mitad de la energía robada por fraudes correspondería a empresas y la otra mitad a particulares. Además, las compañías eléctricas confirman que se han incrementado los fraudes en los tres tipos de suministros: industrial, servicios y residencial.

Estas empresas recuerdan que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito o falta recogido en el Código Penal (artículos 255 y 623.4) penado con multas y hasta 12 meses de cárcel.

Asimismo, la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece entre las funciones de las empresas distribuidoras las referidas a la detección y puesta en conocimiento de autoridades y clientes de las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida. El artículo 87 del RD 1955/2000 habilita a las empresas distribuidoras a interrumpir el suministro cuando detectan situaciones anómalas en las instalaciones o equipos de medidas.

Las compañías del sector subrayan que las conexiones ilegales causan incendios, ponen en riesgo la seguridad de las personas que lo hacen y los habitantes cercanos, y la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.

Además, el fraude representa un acto de insolidaridad, ya que el coste de la energía que el defraudador sustrae al sistema recae sobre el conjunto de los clientes que sí cumplen con sus obligaciones. Esta situación es aún más dañina para la competitividad industrial, ya que el beneficio para unos se acaba traduciendo en un incremento de costes para otros.

En este sentido, destacan que la digitalización del sistema eléctrico ha supuesto un gran paso en la detección de los fraudes, ya que agilizan su identificación, aunque la posibilidad de intervenir para eliminarlo no siempre depende de la distribuidora eléctrica. En ocasiones es necesaria, por ejemplo, una autorización judicial para acceder a la finca donde se detecta el robo o el acompañamiento policial, lo que acaba alargando los plazos de intervención.

Naturgy, por ejemplo, indica en su informe de Sostenibilidad de 2021 que, entre las acciones de investigación y antifraude desarrolladas por la compañía que preside Francisco Reynés, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2021 en España, «continúan destacando las intervenciones practicadas por fraudes en plantaciones ilegales de cultivo de marihuana (interiores) que, con 491 actuaciones, superan de manera significativa las realizadas en 2020».

También en colaboración con las Fuerzas de Seguridad «se han realizado 18 actuaciones antifraude por conexiones ilegales en viviendas okupadas, lo cual supuso la suspensión de 238 conexiones».

Naturgy subraya que el fraude energético, más allá del impacto económico que puede ocasionar a la compañía, supone una disminución de la recaudación de impuestos para la Hacienda pública, mayores costes de la energía para el usuario final y la competencia desleal entre empresas.