La morosidad multiplica por dos el gasto en deuda comercial de las pymes

En concreto, el periodo medio de pago (PMP) creció hasta los 82 días -0,7 días más que hace un año- después de cuatro descensos interanuales, según el Observatorio de Morosidad de Cepyme, cuando el plazo máximo legal de pago establecido es de 60 días.

Del total, según la organización, 1.400 millones se explican por el esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los restantes 1.300 millones por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.

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«La elevada inflación unida a los altos tipos de interés eleva los costes asociados a la financiación de las obligaciones comerciales. Las empresas sufren un doble golpe: cobran sus cuentas pendientes en moneda de menor poder adquisitivo mientras afrontan un esfuerzo adicional para financiar su deuda comercial. Y esto se agrava en el caso de las pymes, cuya resistencia a tensiones de liquidez es menor que la de las grandes empresas», resumen desde Cepyme.

El plazo de pago cae en 11 autonomías y la brecha entre los periodos medios de pago autonómicos se eleva a los 41,3 días, el mayor diferencial en dos años y medio.

Las autonomías con un mayor periodo medio de pago son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 111 días. Del otro lado, Baleares es la comunidad española con menor periodo medio de pago, situándose en los 69,7 días, y Galicia es la autonomía con peor evolución, ya que encadena seis trimestres consecutivos de aumentos, hasta un total de 93,4 días.

Por tamaño empresarial, en el tercer trimestre, sólo se redujo el periodo de pago en las microempresas, mientras que en las pequeñas y medianas se registraron aumentos interanuales moderados. Las grandes empresas volvieron a anotar el mayor aumento de los periodos medios de pago, de 13 días, hasta los 87, siendo el segmento con mayor retraso.

Desde Cepyme consideraron fundamental que el nuevo reglamento europeo de reducción de tiempos de pago salga adelante «lo antes posible, ya que las empresas ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros».

La confederación valoró positivamente que se preste atención a este grave problema que sufren las pymes europeas y, en especial, las españolas, y que Bruselas haya dado prioridad a esta iniciativa. Cepyme informó de que está trasladando sus análisis y propuestas sobre el impacto de la morosidad en las pymes europeas, con el objetivo de «conseguir un efecto más favorable de este reglamento en la lucha contra esta lacra comercial».

Cepyme subrayó que es importante «homogeneizar la normativa europea sobre morosidad de forma que las empresas de todos los Estados miembros compartan unas reglas de juego comunes que no penalicen su competitividad».