La moratoria antidesahucios, en el aire con 60.000 lanzamientos de inquiokupas pendientes

Las espadas están en todo lo alto. Los propietarios entienden que no existen motivos para extender la medida porque ya no se dan las circunstancias económicas que muchas familias sufrieron durante lo peor del Covid-19 ni tampoco las surgidas tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022, cuando los precios de todos los suministros se dispararon. Fuentes cercanas a Sumar, sin embargo, aseguran que mantienen la misma postura respecto a la medida, por lo que previsiblemente volverán a solicitar a sus socios de Gobierno que la moratoria siga en vigor un año más. «Tenemos dos meses por delante para evaluarlo, pero lo propondremos si no vemos ninguna solución o medida por parte del Ministerio de Vivienda», citan otras fuentes del partido fucsia.

La preocupación entre los grandes propietarios (poseedores de más de 10 viviendas), que es el colectivo al que afecta la medida, también es máxima porque las Administraciones Públicas no están cumpliendo el papel que le presupone la norma. Según una encuesta realizada por Asval, el porcentaje de casos en los que Servicios Sociales ofrece alguna medida como ayudas al inquilino para pagar alquiler o una alternativa habitacional, es inferior al uno por ciento, «ya sea por falta de emisión del informe o porque el informe no ofrece ninguna medida». «Además, cuando sí intervienen, los Servicios Sociales no ofrecen soluciones efectivas: solo el 3% de los casos en los que interviene, la respuesta ha consistido en un alojamiento permanente».

Fuentes del sector confirman además que muchas comunidades autónomas están poniendo trabas cuando los propietarios piden las compensaciones por el impago del alquiler de los arrendatarios, tal y como se contempla en la norma. Señalan, por ejemplo, el caso de la Generalitatde Cataluña, «que suele alegar falta de presupuestos para abonar los pagos» o el de la Junta de Andalucía, que obstaculiza las reclamaciones cuando propietario e inquilino han llegado a un acuerdo extrajudicial, es decir, cuando el casero consigue que el inquiokupa se marche de la vivienda a cambio de una contraprestación económica.

De hecho, esta es la vía a través de la cual los propietarios están logrando recuperar sus casas, algo que según Asval «pone de manifiesto la quiebra de la confianza en el sistema judicial». En concreto, solo el año pasado, el 80% de las viviendas recuperadas fue mediante este tipo de acuerdos, «generalmente con pago de incentivo al ocupante», según el 'lobby' de propietarios con viviendas en el mercado del alquiler.

Asval cree que la prolongación de la medida «perpetúa» un efecto llamada' a las ocupaciones ilegales» y pide medidas alternativas a la suspensión de los desahucios como la creación de programas de ayudas para el pago del alquiler o de acompañamiento o la elaboración de protocolos de actuación para regular la intervención de los Servicios Sociales.

Frente a la visión de los propietarios, esta la posición de las asociaciones proinquilino que piden prorrogar la medida aprobada en marzo de 2020 como parte del escudo social del Gobierno durante el Covid-19 para que no se ejecuten los 58.000 lanzamientos que el Observatorio Desca y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) calculan que había pendientes de resolver al cierre de 2024. Esta última asociación se apoya en partidos como Sumar para que no decaiga la norma y el partido de Yolanda Díaz incluso quiere subir la apuesta: hace dos semanas planteó en el Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley (PNL) la incorporación al parque público de vivienda «aquellos hogares amenazados» con desahucio y la expropiación de viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. El ala más a la izquierda del Gobierno quiere coger la batuta de esta materia en el seno del Ejecutivo y presiona al ministerio del ramo para que le apoye en estas y otras medidas como la congelación de los contratos de alquiler durante tres años.