La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con provocar otra fuga masiva de oferta de pisos

La propuesta de Sumar es muy ambiciosa. La formación fucsia quiere que se congele el precio de todos los contratos pendientes de renovar ahora y se prorroguen de manera forzosa durante tres años más, incluso en las zonas que no están declaradas como tensionadas por la ley de Vivienda. Es decir, quieren que su extensión sea a nivel nacional y sin distinción, incluso para los contratos que se firmen ahora, y que además, en las zonas tensionadas, en las que ya existen esas extensiones a favor del inquilino, se añadan otros dos años adicionales, de manera que el propietario no podría recuperar su vivienda en un plazo de 10 años.

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Patricia Romero y Ainhoa Martínez

La grandilocuencia de la medida no ha pasado desapercibida entre propietarios y empresas inmobiliarias. En palabras de David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, podría tratarse de una aplicación «ilegal» porque cambiaría la duración de los contratos y ahondaría «en la inseguridad jurídica y en la destrucción de la oferta». «La posibilidad de recuperar una vivienda alquilada es un derecho del arrendador que quedaría muy restringido de aprobarse la propuesta de Sumar. Los efectos serían nefastos para la oferta: pocos propietarios se animarían a poner sus inmuebles en alquiler con un contrato residencial sin la garantía de que podrían recuperarlos si así lo precisaran», vaticina.

Otras fuentes del sector también ponen en duda el encaje legal de la propuesta y dicen que iría en contra del estado de derecho, «lo que supondría «una ruptura total de la confianza en España como país democrático y respetuoso con su propia Constitución». «Este tipo de anuncios sin fundamento legal solo incide en la ya preocupante disminución de la oferta de viviendas en alquiler», puntualizan.

Caraballo cree que, como ya ha ocurrido con anteriores intervenciones y sobre todo tras la aprobación de la ley de Vivienda en mayo de 2023, los propietarios buscarán desplazar sus pisos del alquiler tradicional a otras modalidades como el arrendamiento de temporada o el turístico, opciones «con las que se asegurarían poder recuperar sus propiedades para disponer de ellas cuando así lo necesiten, pero que no aportan estabilidad a los inquilinos».

El otro gran problema para los propietarios si la medida sale adelante es que no podrían tocar el precio de la mensualidad y seguirían percibiendo una renta muy parecida a la de cuando firmaron el contrato con el inquilino entre finales de 2020 y 2021, la última vez en más de una década en la que el precio del alquiler descendió por la gran fuga de profesionales y estudiantes que salieron de las grandes capitales cuando estalló el Covid-19.

De un tiempo a esta parte, el precio del alquiler se ha disparado de media en España más de un 30% y en las dos grandes plazas para el mercado, Madrid y Barcelona (mercado intervenido por la ley de Vivienda) el ascenso ha sido del 51,3 y del 60% respectivamente. La idea de muchos propietarios, y que algunos ya ejecutan, es la de actualizar los contratos al valor actual de mercado, ya sea trasladando el incremento al inquilino actual o recuperando la vivienda para buscar otro ocupante. Fuentes del sector apuntan a negociaciones dispares, en las que se están pidiendo incrementos de entre un 30 y un 40%, pero también se dan casos donde se exige muy por debajo de ese porcentaje.

El quid de la cuestión, según el sector, es que desde abril de 2022, el IPC ha desaparecido como referencia para revisar anualmente los contratos, y estas actualizaciones han estado marcadas por los distintos límites fijados por el Gobierno del 2 y el 3%, que más tarde han desembocado en un nuevo índice de referencia fabricado por el INE que también fija la subida de rentas por debajo de al del IPC.

Para Alquiler Seguro, si los alquileres se hubieran actualizado anualmente conforme a la inflación real, «los inquilinos podrían estar mejor preparados para la abrupta subida de la renta». Y exponen el siguiente caso: «Un inquilino que firmó un contrato de alquiler por 700 euros en noviembre de 2021 hoy estaría pagando, si se tiene en cuenta los topes a las actualizaciones que impuso el Gobierno, una renta de 781,42 euros. En cambio, si ese contrato se hubiera ido actualizando anualmente conforme al IPC, esa renta hoy sería de 834,12 euros.

«El Gobierno vuelve a plantear fórmulas que buscan ofrecer protección al inquilino sin tener en cuenta que el mercado del alquiler tiene dos patas, y que si no ofrece incentivos a los propietarios y continúa agravando su situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, los arrendadores particulares, que son más del 90% del total, terminarán sacando sus viviendas del alquiler y pulverizando por completo una oferta que es fundamental para absorber los incrementos de población y la creación de nuevos hogares», concluyen desde la compañía, que gestiona 25.000 viviendas en alquiler en España y Portugal.