Por qué la ley del suelo no gusta entre los socios del Gobierno

En concreto, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, trasladó anoche que el partido consideraba que la ley estaba «fuera de lugar» y era «inoportuna» en términos climáticos, pues no solventaba ninguno de los problemas ambientales ni tampoco de acceso a la vivienda a los que se enfrenta la ciudadanía, según declaraciones recogidas por EP.

El partido de Yolanda Díaz recordaba que la intención de la norma es limitar el efecto de las denuncias por defectos menores y subsanables en la planificación urbanística, lo que abre la puerta volver a la cultura del «pelotazo» y de la «burbuja urbanística». Se trata del mismo argumento utilizado por Podemos para rechazar la propuesta del Gobierno. Sin embargo, ni Sumar ni Podemos especifica qué parte de la ley es la que tendría este efecto en el mercado inmobiliario.

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El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, apuntaba a este aspecto de la ley en la rueda de prensa, donde también indicaba que, en su opinión, el mercado del suelo no necesita más desregularización y esta reforma planteaba justo lo contrario, que es «regular partes importantes del mercado inmobiliario» para «dar pies a más especulación».

«Esta ley hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar. Es propia de», aseguraba Errejón en la rueda de prensa. «Cuando las cosas no se acuerdan, pues o no salen o depende de que se saquen in extremis con el PP», agregaba.

En este sentido Podemos aseguraba no haber recibido ninguna comunicación del Ministerio de Vivienda para negociar la reforma. «No sabemos con quién va a sacar esta ley el PSOE», señalaban en la rueda de prensa.

Junts, por su parte, justificaba su enmienda a la totalidad para devolver el proyecto de ley porque este no contemplaba la participación de los entes locales y omitía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña «garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que deben ser ejercidas por estas entidades con plena autonomía».

Esquerra, de su lado, explicó que la enmienda a la totalidad tenía por motivo «la ausencia de negociación satisfactoria del proyecto con la Generalitat», que es la administración competente en materia de vivienda en Cataluña.