El Gobierno retira la ley del suelo para evitar que el Congreso le tumbe dos leyes en una semana

En un documento remitido esta mañana al registro general del Congreso, el ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Félix Bolaños, ha informado que deja «sin efecto la remisión del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. [...] En consecuencia, le comunico que el Gobierno retira el citado Proyecto de Ley, a los efectos del artículo 128 del Reglamento del Congreso de los Diputados».

Fuentes del Gobierno atribuyen esta decisión a «la irresponsabilidad y demagogia del PP», porque según explicaron a ABC la ley «deriva de un acuerdo PP-PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias». A pesar de que «todos los ayuntamientos la quieren, en plena campaña electoral el Partido Popular la iba a tumbar».

Argumentos en los que ha insistido, en una comparecencia en el patio del Congreso, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha acusado al PP de atentar contra el «interés general» por motivos estrictamente vinculados a la campaña electoral de las europeas que comienza este viernes. Para Rodríguez, la norma ahora retirada no es «ideológica» sino «técnica» y lo que pretende es solventar la «inseguridad jurídica», ha subrayado, en muchos desarrollos urbanísticos en nuestro país. Al tiempo que según su diagnóstico facilita la protección del medio ambiente y la movilidad urbana. «Yo lamento que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, que sabe de la importancia de esta ley, que coincide con el Gobierno en que ésta es una buena ley, en que es una ley necesaria, que sabe que le está haciendo un roto a los ayuntamientos de todos los colores y también a las comunidades autónomas, que sabe que incluso el sector les ha rogado en las últimas hora que apoyaran esta ley... lamento que hayan dejado a un lado el interés general, el del urbanismo español y su posición de partido de Estado para intentar dar una zancadilla al Gobierno», ha concluido.

Preguntada reiteradamente por la actitud de sus socios, que rechazan la norma con duras descalificaciones y que en el caso de ERC, Junts y Podemos habían presentado enmiendas a la totalidad, Rodríguez ha admitido que «para sacar adelante esta reforma siempre contamos con el Partido Popular, porque es una norma que se había trabajado con ellos, sobre todo en su vertiente institucional, que cada vez es menos responsable». Además, ha explicado que la diferencia entre el PP y los aliados gubernamentales es que estos últimos «no tienen esa implicación en el municipalismo español ni en el territorio como tenemos los dos grandes partidos de este país, que sabemos de qué va esta norma, qué interés trata de salvaguardar, que es el interés de los ayuntamientos». Rodríguez, que antes de recalar en el Gobierno en 2021 fue alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real), ha apelado ahora a los grupos parlamentarios para que la norma puedan salir adelante en el futuro, lo que pasaría por una proposición de ley, la que corresponde a los partidos representados en las Cortes, y no un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, como era la norma ahora retirada.

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ABC

Ayer por la noche el Ejecutivo ya anticipaba serias dudas de que pudiera sacar hoy adelante la ley. Su socio de coalición, Sumar, ya había avanzado que no daría su apoyo al texto. No sólo por falta de conformidad con el mismo, sino también acusando al PSOE de no haberlo debatido de manera suficiente en el Consejo de Ministros.

ERC, Junts y Podemos, socios de investidura de Pedro Sánchez, habían presentado enmiendas a la totalidad a la ley. Un trámite que habría salido adelante pues Sumar, ya había anunciado que las apoyaría, haciendo decaer la norma al completo, algo que sólo un apoyo o incluso una abstención del PP hubiera evitado, permitiendo a la ley seguir adelante.

Este rechazo del partido de Yolanda Díaz abre una profunda grieta en el seno de la coalición, ya que este mismo martes el socio minoritario del Gobierno también rechazó la toma en consideración de la ley del PSOE contra el proxenetismo. Esta derrota legislativa fue la más severa sufrida por los socialistas desde que en 2019 ERC le tumbara los Presupuestos Generales. Ahora se ve agravada con la retirada forzada de la ley del suelo este jueves.

La marcha atrás del Gobierno se produce para evitar un mal mayor: que el Congreso le tumbe dos normas en menos de 48 horas. Y es que, además del rechazo de Sumar, el texto tampoco contaba con el apoyo de ninguno de los socios independentistas y nacionalistas de Pedro Sánchez. La esperanza de Moncloa era lograr los votos del PP para sacar adelante el proyecto, pero el partido de Alberto Núñez Feijóo no le comunicó su apoyo este miércoles por la noche, lo que ha provocado el movimiento de los socialistas.

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Javier Palomo

Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que hasta esta misma semana habían mantenido contactos con el PP y no les habían comunicado un rechazo a la norma. «Se trata de un proyecto de ley que se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España», señalan fuentes del Ejecutivo sobre una norma que ya no verá la luz ante la falta de apoyos parlamentarios. «Un proyecto de Ley para garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos. Y una Ley que ofrece más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030», añaden desde el Departamento que dirige Isabel Rodríguez.