La Justicia de EE.UU. estrecha el cerco sobre España por las primas a las renovables

En concreto, el Tribunal de Distrito de Columbia (EE.UU.) ha vuelto a fallar contra España, confirmando la validez y ejecutabilidad del laudo arbitral dictado por el Ciadi en el caso Cube Infrastructure contra España.

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Según explican a este periódico en fuentes conocedoras de la situación, la decisión reafirma que los tribunales del país norteamericano reconocen el fallo como una sentencia propia y admiten la posibilidad de ejecutar embargos en caso de que el Gobierno español continúe sin atender las indemnizaciones impuestas.

Este fallo se suma a la oleada de resoluciones emitidas recientemente en los casos Watkins, Infrastructure Services (Antin), RREEF o Infrared, consolidando un patrón claro de jurisprudencia, en virtud del cual los jueces estadounidenses rechazan sistemáticamente los argumentos de España y avalan la ejecución de las condenas arbitrales derivadas de los recortes retroactivos a las energías renovables.

Se da la circunstancia de que estas cinco sentencias afectan a empresas de la Unión Europea de modo, explican las fuentes consultadas, que decae el argumento del gobierno según el cual este tipo de laudos no serían ejecutables en suelo norteamericano.

En el caso Cube Infrastructure, el laudo del Ciadi reconoció el derecho de la compañía a ser indemnizada por las modificaciones normativas que alteraron de forma retroactiva el marco retributivo de las energías renovables. Todo ello ha sido validado por la jueza estadounidense responsable del caso, Loren AliKhan.

Cube, la compañía denunciante, impulsó tres plantas fotovoltaicas y distintas instalaciones hidroeléctricas en nuestro país. Tras el recorte retroactivo de las primas renovables, la empresa inició un arbitraje ante el Ciadi, tribunal del Banco Mundial, en el primer semestre de 2015. El fallo favorable a la compañía se emitió en 2019 y, desde entonces, España se ha negado a cumplir con el dictamen, que impone un pago de 33,7 millones de euros más tres millones en concepto de intereses de demora y 3,5 millones derivados de distintas condenas en costas ligadas al proceso. En total, una deuda de 40,2 millones de euros.