La Justicia belga acumula 200 millones en embargos para España por los laudos renovables
La intervención de los pagos a Enaire se han convertido en algo habitual
El Gobierno mantiene la estrategia de no abonar los laudos que pierde
Los problemas derivados de la retirada de las ayudas a las renovables que se otorgaron en la pasada década no dejan de crecer. Los fondos que entonces invirtieron cantidades millonarias, y más tarde vieron como se quedaban sin las primas que se habían prometido, ... ahora reclaman lo suyo. En este contexto, cada uno se las apaña como puede para recuperar parte del dinero. Un filón que han encontrado es el embargo sobre bienes o dinero que reciben algunos organismos españoles.
El último golpe que se ha conocido es que el monto embargado por la Justicia belga a España por los impagos de las renovables ya alcanza los 200 millones de euros. Se trata de una estrategia que ya han utilizado algunas compañías para reclamar.
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Es el caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, a quien la Justicia belga le ha confirmado, así como a otros acreedores, la disponibilidad del monto embargado a España tras la decisión judicial comunicada el pasado mes de julio mediante la cual se autorizaba la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de tramitar dicho servicio, Enaire.
Según explican fuentes conocedoras del caso, los acreedores comunicaron que esperaban aflorar al menos 80 millones de euros por esta vía. Sin embargo, según finalmente han constatado las autoridades, la cifra total que finalmente ha sido bloqueada asciende a 207 millones de euros, un monto del cual 197 millones se corresponden con los pagos que esperaba recibir Enaire, siendo los 10 millones restantes otras obligaciones menores.
Esta medida fue reclamada para garantizar el cobro de la indemnización reconocida tras el procedimiento en el que se dirimió el impacto que sufrió Eurus con la retirada retroactiva de las primas renovables. La compañía invirtió cientos de millones de euros en nuestro país para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia o Asturias.
Los recortes retroactivos aplicados a estas inversiones motivaron un procedimiento de arbitraje internacional, al amparo del Convenio del Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando sucedieron los hechos. Dicho arbitraje estipuló que España debe indemnizar a Eurus con un pago de 106,2 millones de euros e impuso asimismo el pago de intereses de demora que, en la actualidad, superan ya los 7 millones de euros.
A pesar de que los intentos de anulación del laudo por parte del Estado español fueron desestimados, la indemnización continúa sin abonarse. Es por este motivo que los acreedores tomaron medidas el pasado mes de julio, reclamando el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire. Cabe recordar que, en paralelo, las empresas afectadas están litigando con éxito en otros países como Estados Unidos, Australia o Gran Bretaña, donde los tribunales ya han reconocido numerosos laudos e incluso autorizado otras medidas de embargo.
Conocida la cifra cercana a los 200 millones de euros que ahora ha quedado intervenida, los acreedores recuerdan al gobierno de España que el actual escenario de litigiosidad y conflictividad es perfectamente evitable, como puso de manifiesto el acuerdo alcanzado para zanjar la deuda del caso JGC. Cabe recordar que la inversión extranjera en España se ha desplomado más de un 60% en la primera mitad de 2025.
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